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Tepic, 28 de
julio del 2013.- A fin de armonizar el
contenido y las disposiciones de la ley en la materia, respetando la autonomía
y la facultad del Poder Judicial de Nayarit, en reunión de la Diputación
Permanente, que presiden el diputado Armando García Jiménez; el legislador
Fernando Ornelas Salas, presentó la iniciativa de reforma y adición a diversos
artículos de la Ley de Ejecución de
Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de
Nayarit, en materia de conmutación de sanciones.
Con esta
reforma, se recoge gran parte del acuerdo pero armonizándolo con el contenido
de la ley y reconociendo la potestad originaria y natural del juez de ejecución,
quien cumple la función de vigilar desde la esfera jurisdiccional las decisiones y acciones de
la autoridad administrativa penitenciaria que afecten la esfera jurídica del
sentenciado durante el cumplimiento de su condena, y sujetar dichas
determinaciones a un efectivo control jurídico.
En suma el
objeto de la reforma y adición a
diversos artículos de la Ley de
Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para
el Estado de Nayarit, en materia de conmutación de sanciones; es contribuir a la despresurización, en la
resolución de asuntos, donde el sentenciado solicita el beneficio de la
conmutación.
Es importante
mencionar que la judicialización de la pena, es un concepto por el que abogan las nuevas tendencias internacionales, como una consecuencia
necesaria de la vigencia del principio de legalidad en la etapa de la ejecución
penal; implica que todas las decisiones
de la etapa de ejecución deben ser tomadas por un juez; órgano jurisdiccional independiente de la administración, en un
proceso en el que se respeten las garantías del procedimiento penal.
El principio de judicialización de la pena, fue incorporado
a través de la reforma a la Constitución Política del Estado, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio del 2008, considerada la más trascendente en materia penal de las últimas
décadas; misma que introdujo un nuevo modelo de justicia y contribuyó a crear
nuevos paradigmas tendientes a la
protección de los derechos del inocente, abatir la impunidad y garantizar la
reparación integral de los daños causados por la comisión del delito y al pleno
respeto de los principios y garantías jurisdiccionales del proceso.
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