Diputadas y diputados BUSCAN LEGISLAR A FAVOR DE LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO A VÍCTIMAS DEL DELITO

• Con la adición al artículo 73 constitucional se protegerá, respetará, promoverá y garantizará el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de un delito.

Tepic, 19 de mayo del 2016.- Con el interés de tomar medidas para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de algún delito, este jueves en Sesión Pública Ordinaria se dio continuidad al análisis del dictamen con Minuta Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de un ilícito penal.

Dentro de esta adición al artículo 73 Constitucional se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

De ser aprobada esta reforma constitucional en el Estado de Nayarit y en todos los Congresos del País se permitirá que el Congreso de la Unión legisle respecto a la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias para prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, brindar atención igual en toda la República en cualquiera que sea el fuero en el que se prevé el ilícito penal de quien ha sido víctima u ofendido, esto por medio de un ordenamiento legal que establezca normas de actuación básicas aplicables a toda la autoridad competente.

Asimismo se contará con la facultad para reformar la Ley General de Víctimas o por el contrario expedir un nuevo ordenamiento en la materia y así sentar las bases para la armonización de todos los demás ordenamientos locales que regula la Ley General.

De ser aprobada esta minuta por el Congreso Local se atenderá la obligación que tiene la Cámara de Diputados para armonizar todos sus ordenamientos relacionados con la Ley, en razón de la concurrencia de esta materia entre los distintos niveles de gobierno y la contribución para que pueda ser aplicable en todo el país.