El INE debe garantizar adecuada protección a las mujeres víctimas de violencia política: Martín Faz

 

·         Se ha identificado que durante todas las etapas de los procesos electorales se incrementa este fenómeno

·         En el último proceso electoral 7 precandidatas fueron asesinadas y se registraron 301 casos de violencia contra mujeres

De cara al Proceso Electoral Federal y los 32 Locales resulta fundamental fortalecer la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la adecuada protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia, estimó el Consejero Martín Faz.

“La violencia hacia las mujeres es una amenaza a la vida democrática que tiene que ser erradicada, tanto del espacio público y privado, de la vida en pareja y familiar, del ámbito comunitario, del económico y laboral y, de manera particular, en la esfera de lo político-electoral”, sentenció.

Al moderar la conferencia virtual “Medidas de protección en los casos de violencia política por razón de género”, el Consejero alertó que el arranque de los procesos y sus distintas etapas son momentos en los que se ha identificado un aumento significativo en la violencia en contra de las mujeres.

No obstante, reconoció que este fenómeno se sostiene y alimenta de una cultura patriarcal donde la violencia contra la mujer está normalizada y, por lo tanto, invisibilizada, al grado de ser aceptada junto con un amplio catálogo de prácticas comunes y que han dejado de ser cuestionadas.

“La normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias, además de que genera que se responsabilice a las víctimas y legitima la extrañeza y el reclamo hacia las mujeres que la denuncian”, agregó. 

El Consejero señaló que esto sin duda refuerza el supuesto de que si las mujeres quieren incursionar en el ámbito público tendrían que ajustarse a las reglas del juego, “una premisa absolutamente falsa e inaceptable”.

Agregó que esta idea resulta ilusoria considerando que las agresiones que reciben las mujeres suelen poner en riesgo no sólo sus aspiraciones políticas, sino también su integridad física y psicológica.

Frente a ello aseveró que la limitación y violación de los derechos político-electorales de las mujeres dañan seriamente a la democracia, mientras que su goce efectivo la enriquece y fortalece, porque así es como se garantiza mayor pluralidad y diversidad en las decisiones que adopten los gobiernos, lo que deriva, a su vez, en mayor participación y confianza en las instituciones.

La campaña es donde más violencia se presenta: especialista

Durante su conferencia magistral, la especialista en atención a víctimas, María José Franco, habló sobre las medidas de protección existentes para atacar la violencia de género, su funcionalidad y las áreas de oportunidad que prevalecen.

A lo largo de su exposición la especialista evidenció la gravedad del problema que enfrenta nuestro país considerando que durante el último proceso electoral se registraron 7 precandidatas asesinadas, 301 casos de violencia y 17 más solicitaron medidas de protección.

Dijo que es en la campaña, cuando existe más competencia política, en la que se ha identificado que se presenta mayor violencia en contra de las mujeres, aunque es el ámbito municipal donde destacan las agresiones.

En este sentido, destacó la importancia de conocer los mecanismos con los que se cuenta, gracias a diversas legislaciones en la materia, para poder garantizar una adecuada atención de las víctimas, pero sobre todo para que no se repitan estos hechos.

Por ello, explicó la diferencia entre las medidas de protección que van desde  tutela preventiva, medidas cautelares y medidas de protección, estas las que consideró las más efectivas para atender la urgencia y evitar que se incurra en un daño irreparable en la vida, libertad y dignidad de las mujeres.

No obstante enfatizó en la necesidad de que quienes atiendan este tipo de casos brinden la confianza y seguridad necesarias a las mujeres a fin de que denuncien y acepten las herramientas de protección para el ejercicio de sus derechos político-electorales.