Reforma Constitucional

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miércoles, 7 de julio de 2021

Aprueba Congreso lugar seguro para mujeres víctimas de violencia

 



 

 

·         Políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, consolida la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

 

 

Tepic, 06 de julio de 2021.- Generar estrategias focalizadas que prevengan la violencia familiar y se auxilie a las víctimas para que no convivan en los mismos espacios que sus agresores se plantea con la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, aprobada por las diputadas y diputados de la Trigésima Segunda Legislatura.

 

La propuesta de reforma presentada por la legisladora Julieta Mejía Ibáñez, en su artículo 10 establece que el gobierno del estado y los ayuntamientos tienen la obligación de emprender acciones de atención, prevención y sanción para favorecer la separación y alejamiento inmediato del agresor con respecto a la víctima.

 

En la reforma se dispone que cuando se tenga resguardo domiciliario a consecuencia de pandemia, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes, también debe considerarse la separación de la víctima y agresor.



 

Dichas acciones permitirán que las mujeres violentadas en situación de vulnerabilidad tengan la oportunidad de salir de la casa en la que cohabita con su agresor y estar en un lugar seguro, incluidos sus hijos.

 

El diseño de las políticas públicas para la atención, prevención y sanción de violencia familiar debe favorecer la separación y alejamiento del agresor, auxiliar en la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y su familia, la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializado y gratuito.

 

Se considera que las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional de la especialidad que desarrolla.

 

Fortalecer la forma de planificar y ejecutar políticas públicas estatales y municipales que prevengan, atiendan y sancionen la violencia familiar asegura la reforma legal.

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