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·
La ciudadanía debe conocer cuántos y
cuáles son los procedimientos oficiosos y de queja radicados en la Unidad
Técnica de Fiscalización: Jorge Montaño
· No
podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que
obstaculicen la fiscalización: Carla Humphrey
El
andamiaje legal y operativo en materia de fiscalización requiere, para su
óptimo funcionamiento, de un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de las
distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de
prevención y vigilancia sobre el adecuado origen y destino de recursos públicos
y privados que circulan en el sistema financiero del país. Por lo tanto, desde
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se les llamó a
responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario,
fiduciario y fiscal.
Al
conocer el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del
estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas
durante 2016 a 2023 y las solicitudes de información y su atención por diversas
autoridades, se destaca un incremento porcentual del total
de las respuestas respecto de las atendidas fuera del plazo de la ley.
El
documento recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General no estará limitado por los
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello la Unidad Técnica de
Fiscalización (UTF) está facultada para requerir información y documentación
comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de los
recursos, mientras que las instituciones públicas y privadas están obligadas a
responder en un plazo máximo de cinco días.
El informe, dijo, se refiere al estado
jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización que están en trámite y a las sanciones impuestas
durante el período del 2016 a 2023, “a fin de que la ciudadanía
conozca cuántos y cuáles son los procedimientos oficiosos y de queja que se
encuentran radicados en la Unidad Técnica de Fiscalización”, las
investigaciones realizadas y las sanciones impuestas.
No
podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que
obstaculicen la fiscalización
De 2016 a
2023 se han resuelto dos mil 649 procedimientos, se han impuesto sanciones por
851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204, agregó la Consejera Carla
Humphrey, quien enfatizó la falta de colaboración interinstitucional de
diversas autoridades para proveer de información veraz, oportuna y completa dentro
del plazo de los cinco días que prevé la normatividad.
Ejemplificó
que, en lo que va de 2023, la UTF giró mil
420 solicitudes de información y documentación y ha emitido 36 insistencias a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración
Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de
Economía, entre otras, las cuales, en su mayoría, se han atendido en un tiempo
superior a los cinco días, “generando demora y por lo tanto obstaculizando las
labores de fiscalización”.
“Estamos
ante el ejercicio más grande de fiscalización que llevaremos a cabo y no
podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que
obstaculizan las labores de fiscalización de este Instituto, dejando de proveer
dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita para
verificar, por ejemplo, operaciones para comprobar que sean reales, la
existencia de distintas empresas para comprobar la veracidad de las facturas
que se emiten, y para desahogar los procedimientos en esta materia”, aseveró.
La
Consejera Humphrey también convocó a llevar a cabo acciones para la
sensibilización de distintas instancias del Estado mexicano sobre la
importancia de que provean de información “respecto a ingresos, egresos y
aplicación de los mismos a esta autoridad, por los plazos perentorios que
tenemos para resolver y también para desahogar distintas quejas, denuncias y
procedimientos oficiosos”, así como explorar las vías jurídicas para el caso de
incumplimiento.
Se
resuelven cuatro quejas en materia de fiscalización
Posteriormente,
el pleno resolvió cuatro procedimientos administrativos sancionadores y
oficiosos en materia de fiscalización, instaurados en contra de Partidos
Políticos Nacionales, de los cuales dos resultaron fundados por los siguientes
motivos:
En uno
se impuso una multa de 403 mil pesos a Jaime Rodríguez Calderón, en su calidad
de Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República, por
aportaciones de personas físicas, morales y simpatizantes, tanto en efectivo
como en especie, fuera de la normatividad durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018; otra más al partido Morena por cuatro millones 779 mil 218 pesos,
porque en las elecciones en Coahuila, en 2023, presentó informes de precampaña
fuera de los mecanismos establecidos.
Durante
la sesión también se dio respuesta a consultas hechas por los partidos
Movimiento Ciudadano, Morena y Acción Nacional en materia de reintegro de
remanentes, así como respecto de requerimientos de información por parte de
autoridades diversas a la electoral.
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