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• La iniciativa de
reforma al artículo 19 de la CPEUM que amplía el catálogo de delitos sujetos a
PPO como la defraudación fiscal y la extorsión, representa un retroceso en la
protección de derechos humanos.
• Incluir delitos como
la defraudación fiscal en el catálogo de PPO y aplicar la norma a literalidad
limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez,
pudiendo usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos.
La Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifiesta su preocupación ante la
reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que amplía el catálogo de delitos que
ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
Esta propuesta,
presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del Presidente
de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de
delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros. Además, se
incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la
norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de
medidas cautelares alternativas.
Desde COPARMEX,
expresamos nuestra preocupación por el impacto potencial de esta reforma.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado
mexicano eliminar la PPO, argumentando que vulnera los derechos humanos y
contradice el principio de presunción de inocencia.
En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos
sujetos a PPO representa un retroceso en la protección de derechos humanos. El
incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a
PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura. Además, la adición de la
norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa,
como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del
juez para considerar medidas cautelares alternativas. Consideramos que esta
reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que
también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el
debido análisis de cada caso concreto. Reiteramos nuestra disposición para
colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el
debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier
estado democrático.
COPARMEX se compromete a seguir analizando en profundidad el
impacto de esta reforma.
Convocaremos a expertos en derecho penal y constitucional
para realizar un análisis integral de la reforma a la PPO, el cual será
presentado al Senado de la República para su reflexión previa a la discusión en
el Pleno
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