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Conocimientos y
experiencia de soluciones creativas, sostenibles y efectivas en México, América
Latina y el mundo,
Políticas
Públicas para la defensa de los derechos políticos de las mujeres
· Aprendizaje organizacional
· Valoración de las personas
· Visión de futuro
· Orientación a los procesos
· Liderazgo
· Conocimiento del cliente y del mercado
· Establecimiento de Alianzas
· Cultura de Innovación
· Pensamiento sistémico
· Responsabilidad social
En
síntesis, las denominadas “buenas prácticas” incluyen las siguientes
dimensiones mínimas:
· Emerge a partir de un problema o
situación a superar
· Implica una mejora en el problema
diagnosticado inicialmente
· Es innovador
· Se basa en evidencia
· Es sostenible
· Produce cambios
· Se puede replicar
·
Buena
práctica
a)
Tienen como consecuencia un cambio real
que contribuya a la igualdad de género o que abra nuevos espacios en áreas
no tradicionalmente femeninas, incluyendo una brecha medible entre dichas
buenas prácticas y los cambios en las relaciones de género, u oportunidades
para las mujeres;
b)
Generan un impacto en la política sobre
la problemática de género, creando un marco más propicio o eficaz para
llegar a la igualdad de género. Esto incluiría el impacto en la legislación, la normativa o la asignación
de recursos. Incluye asimismo una valoración del grado de institucionalización de la práctica identificada;
c)
Incluyen un enfoque innovador y
replicable. Esto implica que puedan demostrar lo que es nuevo o único en la
iniciativa -su producto o proceso- y las oportunidades para que dicha práctica
sea reproducida en otros países y contextos;
d) Que demuestren ser
sostenibles. Es decir, que quede claro el compromiso de los valedores
principales, patrocinadores institucionales o participantes en la iniciativa
—el Gobierno,
Reconocen a las
mujeres como sujetas políticas [y su] participación en el ámbito de lo público,
político y (…) la toma de decisiones”
Los criterios
que se consideran incluyen: La pertinencia, los resultados, innovación,
sostenibilidad política y económica y replicabilidad.
Algunas
de las buenas prácticas en el ámbito de la participación política formal son
las siguientes:
· El establecimiento de medidas de cuotas
en la legislación electoral.
· La existencia de programas de formación
de liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos.
· La creación de secciones femeninas o de
la mujer en ámbitos de participación política tradicionalmente masculina, como
partidos políticos y sindicatos.
· La creación de Observatorios de Género.
· La instauración de unidades de género y
la formulación de Planes de Igualdad en la Administración Pública.
· La conformación de fondos públicos para
la promoción de la participación política de las mujeres a través de
organizaciones civiles.
· La armonización legislativa con relación
al marco normativo internacional de los derechos humanos de las mujeres, y con
respecto al estándar del derecho a ser electas.
Si
bien este conjunto de actuaciones son fundamentales para promover la
participación política, en la elaboración del presente catálogo de buenas
prácticas se pondrá particular énfasis en aquellas iniciativas que buscan
potenciar las capacidades de las mujeres para participar en la política más
allá del ámbito formal e institucional, con particular énfasis en la diversidad
de necesidades de las mujeres, ya sean éstas indígenas, negras, jóvenes, discapacitadas,
en situación de pobreza, entre otros ejes transversales al género.
Por
consiguiente, más allá de los espacios formales de participación política
formal (partidos políticos, Parlamentos, Gobierno), en el presente catálogo se
buscará rescatar las herramientas y enfoques de participación política en una
diversidad de espacios donde se construye la ciudadanía de las mujeres, a
partir de una amplia base de participación y de los esfuerzos realizados por
las propias mujeres y las organizaciones de mujeres.
Buenas práctica de la participación política de las mujeres:
Aquellas iniciativas que se corresponden con soluciones creativas, sostenibles
en el tiempo y que producen cambios (resultados) en la participación de las mujeres en el
ámbito de lo público, lo político y la toma de decisiones.
Primero, la pertinencia, donde
se evalúa en qué medida la experiencia incluye a la diversidad de mujeres que
participan en la política y que además ello se corresponda con una respuesta
estratégica y participativa de los propios actores involucrados (no una acción
puntual y aislada).
Segundo, la innovación se
corresponde con los nuevos aprendizajes en términos de herramientas (productos)
y metodologías (abordajes) que implica la práctica en cuestión, pero también si
se incorporan nuevas tecnologías, la participación de jóvenes y niñas, el
involucramiento en ámbitos no tradicionales (política no electoral) y si se
establecen sinergias entre distintos ámbitos de participación política
(transferibilidad entre espacios de la política).
Tercero, el Impacto demostrable (resultados) es la
dimensión a partir de la cual se busca identificar cuáles son los productos
concretos que se han logrado en conocimientos, formación, nuevas capacidades,
incidencia en la toma de decisiones y organización de las propias mujeres para
la participación política. Los resultados también suponen la identificación de
indicadores adecuados de seguimiento y de evaluación de resultados y la
reducción de brechas en ejes o aristas de la participación política: acceso a
espacios de toma de decisiones, la transformación o agregación de nuevos temas
en la agenda de participación política y la transformación de las prácticas.
Asimismo, en el análisis de los resultados se tomará en cuenta positivamente si
se cuenta con una evaluación externa de la experiencia o práctica.
Cuarto, la sostenibilidad se
corresponde con la existencia de garantías adecuadas que aseguren la
permanencia y reproducción de la experiencia en el largo plazo, tanto en
términos de compromisos de los
propios actores implicados, como en consideración de las capacidades nuevas generadas que lo hacen autosostenible, su institucionalización a partir de reglas
formales y la disposición de un entorno socio-cultural favorable a la igualdad
de género (sensibilización, ruptura de esterotipos, ect). Asimismo, un componente
central de la sostenibilidad será evaluar en qué medidas las experiencias
responden y atienden las recomendaciones del Comité CEDAW al propio Estado
mexicano.
Quinto, la transferencia o replicabilidad se
corresponde con la evaluación de en qué medida la experiencia se puede
implementar en otros contextos, para lo cual se evaluará si los productos y el
diseño son adaptables a otros países y si los propios actores que han impulsado
la iniciativa han hecho un esfuerzo por transparentar, dar a conocer, difundir
la experiencia, las herramientas y las lecciones aprendidas
Sexto, la legitimidad se
corresponde con la valoración que otorgan los propios actores a la experiencia,
tanto en términos de si existe una pluralidad de actores participando en su diseño
e implementación (públicos y privados), como si organismos públicos nacionales
e internacionales reconocen la misma experiencia como exitosa.
Séptimo, la integralidad nos
permite evaluar en qué medida la experiencia toma en cuenta la problemática de
la participación de la mujer desde múltiples aristas que atienden a los
obstáculos (necesidades prácticas); a la resolución del problema (incorporación
de hombres y niños en las actividades y atención a los intereses estratégicos
de las mujeres); el nivel simbólico del problema (a través del uso de un
lenguaje incluyente) y la intersección de género y cultura (respetando la
especificidad cultural del contexto de la mujer).
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