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LA LEY DE CONAGUA FAVORECE LA
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
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PERMITE EL ENVENENAMIENTO DEL AGUA SIN
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
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EXIGIMOS UNA LEY GENERAL DE AGUAS CON
CONTRALORÍA SOCIAL
Tepic, Nayarit a 23 de marzo
de 2015.- El Consejo
Indígena Náyeri y el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro se unen
públicamente a las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas,
sindicatos, estudiantes e investigadores de las 32 entidades federativas para: responsabilizar a la
CONAGUA por las profundas crisis hídricas en el país; rechazar la Iniciativa de
Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) que esta dependencia envió al Poder
Legislativo el 5 de marzo del año en curso; y demandar en cambio que la
Iniciativa Ciudadana de Ley sea aprobada para hacer cumplir el Derecho Humano
al Agua
(reconocido en febrero del 2012); así como exigir fin a la violencia ejercida
contra las y los defensores del agua y liberación de los presos políticos por
defender el agua.
Desde
su creación en el año 1989 hasta la fecha, la CONAGUA ha mostrado su carácter
vertical y autoritario para administrar el agua en el país, lo que ha generado
y agudizado una crisis hídrica de gran magnitud en todo el territorio nacional.
El agua es un bien común para la vida humana, la vida silvestre y los
ecosistemas, y es fundamental para las actividades productivas que son
necesarias para el desarrollo local, regional y nacional equitativo. El acceso
y distribución justa del agua es fundamental para asegurar una sociedad con
igualdad de derechos y oportunidades.
El
agua tiene que ser gobernada mediante estructuras democráticas, que eviten su
privatización y cooptación por intereses económicos particulares en perjuicio
de la mayoría de los mexicanos. La CONAGUA y su iniciativa de Ley (actualmente
en la Cámara de Diputados) insisten en el control centralizado y hermético del
agua y se apartan de los lineamientos internacionales que sostienen que es a
través de la gobernanza del líquido como se podrá asegurar al agua como derecho
humano con acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En
este ejercicio nacional de contraloría social responsabilizaremos a la Conagua de
violar los derechos de los pueblos y la normatividad vigente para favorecer a
los grandes inversionistas en agua, energéticos, minería y agroexportaciones,
con los siguientes proyectos y políticas:
Ø Trasvases: Canal Centenario (Nayarit),
Acueducto Independencia (Sonora), Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (EdoMex),
Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo
(Jalisco), Paso de la Reina (Oaxaca), todos los cuales podrían ser
concesionados, junto con sus aguas, si se llegara a aprobar la “Ley Korenfeld”
Ø Presas hidroeléctricas mal diseñadas y
privatizantes: Las Cruces (Nayarit),La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco),
Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz
Ø Complicidad con empresas para no
sancionarles por el envenenamiento (derrames tóxico) de los ríos Santiago,
Sonora, Atoyac, Bravo, entre otros; Contaminación como en los pueblos de
Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Ø Promoción de la sobreexplotación y el
acaparamiento de aguas subterráneas, resultando en: el desecamiento de las aguas
de los pueblos originarios; la desertificación de las tierras agrícolas en
Sinaloa, Sonora y Chihuahua; daños a la salud por el consumo de aguas “fósiles”
en Chihuahua y Aguascalientes; así como
la destrucción de viviendas y escuelas por grietas y hundimientos en los valles
de México y Toluca.
Ø Privatización y mercantilización del
agua en centros urbanos, en donde se garantizará el agua potable a industrias y
embotelladoras, dejando a millones dependientes de pipas y el tandeo.
Ø La facilitación del proyecto Aeropuerto
Texcoco, el cual pone en riesgo la futura viabilidad hídrica-urbana del centro
político y económico del país.
La
Ley Korenfeld profundizaría la actual crisis del campo al sujetar las aguas
nacionales a dinámicas de compra-venta, eliminando los derechos de los núcleos
agrarios y los pueblos rurales e indígenas y exacerbando su vulnerabilidad en
materia alimentaria; priorizaría el agua para la minería tóxica (la cual no
requeriría de concesión) y el fracking; eliminaría los espacios de participación;
y permitiría que la Conagua hiciera uso
directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones.
Exigimos el
reconocimiento a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, la cual
propicia el control social de los recursos hídricos, y vela así por el futuro
de las y los mexicanos. Nos comprometemos con la lucha por lograr la aprobación
y puesta en marcha de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada
a través de un amplio proceso colaborativo para garantizar el acceso equitativo
y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía, tal como
exige la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua que
exige el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación
ciudadana.
Responsabilizamos
a la Conagua por las condiciones que resultaron en el asesinato de Antonino
Flores Bautista, J. Santos Flores de la Cruz, Manuelita Solorio, Ismael Solís,
Alberto Almeida. Asimismo exigimos la liberación de los presos Mario Luna y
Fernando Jiménez de la Tribu Yaqui, María de la Cruz y Marco Antonio Suástegui
de Guerrero, Eduardo Mejía Nava de San
Bartolo Ameyalco, Teresita Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab de Quintana Roo,
así como el levantamiento de los cargos fabricados en contra de Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero de
Puebla.
CONSEJO INDÍGENA NÁYERI
CONSEJO INTERCOMUNITARIO
DEL RÍO SAN PEDRO
COORDINADORA NACIONAL
AGUA PARA TOD@S