Por:
Mary Castro.
Luego
de 6 meses en la cárcel y cinco abogados, Josué Flores Camargo fue
liberado con el apoyo gratuito del abogado nayarita José Ernesto
Bernal Pérez. El joven del Distrito Federal fue culpado por tener el
mismo nombre de un secuestrador y asesino de un menor. Un caso de
homonimia.
“Acudí
a proporcionar información con agentes del Ministerio Público que
me privaron de la libertad sin mostrar orden de aprehensión, me
negaron la comunicación con familiares y abogados y me trasladaron
al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México”, señala
Flores Camargo de 27 años.
Fue
a traves de un programa de televisión de denuncia social que el
despacho “Bernal Abogados”, de Tepic, Nayarit; se entera del
caso, deciden apoyarlo, viajan, estudian los expedientes, investigan
y fundamentan la inocencia de Flores Camargo al demostrar la serie de
inconsistencias que le acusaban.
“No
coincidía el nombre completo, tampoco la descripción física
general, ni la edad, el domicilio de residencia y el laboral. Le
apoyamos porque es una situación que nos puede pasar a todos, porque
violaron sus garantías individuales pero sobre todo porque le
abandonaron a su suerte”, agregó el abogado Bernal Pérez.
“Por
el hecho de asociarlo con un hombre de características muy
distintas, Josué fue tratado como presunto culpable del delito de
secuestro con modificativa agravante de haber causado la muerte y
pudo ser sentenciado hasta por 70 años de prisión. Al considerarse
víctima del Estado este le resarcirá los daños”.
“El
Estado asume su error y de acuerdo a Ley General de Victimas, le
emplea en la fiscalía del Estado de México en el área de
procuración y justicia. Aún estamos negociando la indemnización
por daños patrimoniales y psicológicos causados, la cual ya se
aprobó pero aún no tenemos fecha de entrega”, señala Bernal
Pérez.
Josué
Flores Camargo, entró a prisión el 17 de diciembre de 2015, en
marzo del 2016 tomaron su defensa y fue liberado en junio del mismo
año. Cooperó con las autoridades y sin embargo, se le detuvo cinco
años después de cometido un delito en el cual no estuvo involucrado
y ante un expediente lleno de irregularidades.