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* El ex-fiscal de Nayarit, preso en Estados Unidos, recibió del entonces gobernador Roberto Sandoval, la patente de notario titular en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas
Tepic, Nayarit; 15 de agosto de 2019.- Mediante
acuerdo administrativo publicado este 15 de agosto en el Periódico
Oficial, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Nayarit, el
secretario General de Gobierno, José Antonio Serrano Guzmán,
declaró la cesación del ejercicio notarial del ex fiscal de
Nayarit, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por diversos delitos
relacionados con la producción, trasiego y comercialización de
narcóticos.
Edgar Veytia recibió el 23 de enero de 2016, de parte del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, la patente de notario titular de la notaría pública número 39 de la Primera Demarcación Notarial, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, y el 29 marzo de ese mismo año se le concedió licencia para separarse de la función notarial para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. En su lugar quedó su asociado Alonso González López.
El 7 de abril de 2017, el Congreso del Estado declaró por decreto la ausencia definitiva de Edgar Veytia, ante la imposibilidad formal y material de continuar desempeñando el cargo y la función de Estado para el cual fue designado, al encontrarse físicamente impedido por estar privado de su libertad.
Por tanto, el 8 de abril de 2017, Edgar Veytia dejó de ser Fiscal del Estado de Nayarit, concluyendo en ese momento la causa por la que se le otorgó la licencia notarial, sin que se hubiera reintegrado, de acuerdo con lo que establece la Ley del Notariado del Estado de Nayarit, a sus funciones correspondientes.
De acuerdo con dicha ley, es parte de la función del notario obrar con estricto apego a la legalidad aplicable a cada caso concreto, así como contemplar y atender con el debido cuidado el carácter de orden público de aquélla; además, su prestación debe darse de forma permanente para no afectar los intereses de los particulares que tienen la necesidad de tramitar notarialmente sus asuntos.
En ese tenor, la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit permite a los notarios solicitar de la Secretaría General de Gobierno licencia para separarse de sus funciones por todo el tiempo que dure su cargo o función pública por ser incompatible con la función notarial; sin embargo, atendiendo la naturaleza de su otorgamiento, aquélla cesa en el momento que termina la causa que la generó, lo que implica que el notario debe reiniciar de inmediato sus funciones notariales.
Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que, si bien Edgar Veytia obtuvo una licencia para separarse del cargo de notario por todo el tiempo que detentara el cargo de Fiscal General del Estado, dicha encomienda concluyó el día 8 de abril de 2017, merced de los efectos de la publicación del decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Dicho fedatario debió reiniciar sus funciones como notario público de inmediato.
En consecuencia, una vez actualizada la causa de la función notarial por las razones expuestas, la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno deberá tomar, en coordinación con el notario público asociado, las providencias del caso.
Con lo anterior se contribuye a mantener y preservar la integridad y la seguridad jurídica que la fe pública requiere para dotar de certeza, credibilidad y confiabilidad a los actos propios del Estado, encomendados por delegación legal a los notarios públicos.
Edgar Veytia recibió el 23 de enero de 2016, de parte del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, la patente de notario titular de la notaría pública número 39 de la Primera Demarcación Notarial, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, y el 29 marzo de ese mismo año se le concedió licencia para separarse de la función notarial para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. En su lugar quedó su asociado Alonso González López.
El 7 de abril de 2017, el Congreso del Estado declaró por decreto la ausencia definitiva de Edgar Veytia, ante la imposibilidad formal y material de continuar desempeñando el cargo y la función de Estado para el cual fue designado, al encontrarse físicamente impedido por estar privado de su libertad.
Por tanto, el 8 de abril de 2017, Edgar Veytia dejó de ser Fiscal del Estado de Nayarit, concluyendo en ese momento la causa por la que se le otorgó la licencia notarial, sin que se hubiera reintegrado, de acuerdo con lo que establece la Ley del Notariado del Estado de Nayarit, a sus funciones correspondientes.
De acuerdo con dicha ley, es parte de la función del notario obrar con estricto apego a la legalidad aplicable a cada caso concreto, así como contemplar y atender con el debido cuidado el carácter de orden público de aquélla; además, su prestación debe darse de forma permanente para no afectar los intereses de los particulares que tienen la necesidad de tramitar notarialmente sus asuntos.
En ese tenor, la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit permite a los notarios solicitar de la Secretaría General de Gobierno licencia para separarse de sus funciones por todo el tiempo que dure su cargo o función pública por ser incompatible con la función notarial; sin embargo, atendiendo la naturaleza de su otorgamiento, aquélla cesa en el momento que termina la causa que la generó, lo que implica que el notario debe reiniciar de inmediato sus funciones notariales.
Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que, si bien Edgar Veytia obtuvo una licencia para separarse del cargo de notario por todo el tiempo que detentara el cargo de Fiscal General del Estado, dicha encomienda concluyó el día 8 de abril de 2017, merced de los efectos de la publicación del decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Dicho fedatario debió reiniciar sus funciones como notario público de inmediato.
En consecuencia, una vez actualizada la causa de la función notarial por las razones expuestas, la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno deberá tomar, en coordinación con el notario público asociado, las providencias del caso.
Con lo anterior se contribuye a mantener y preservar la integridad y la seguridad jurídica que la fe pública requiere para dotar de certeza, credibilidad y confiabilidad a los actos propios del Estado, encomendados por delegación legal a los notarios públicos.
