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La
Consejera recordó que este es un criterio confirmado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
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Expuso
en la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el
mundo”, organizado por el INE y la UNAM
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Especialistas
de México, Brasil y Bolivia participaron en esta edición que abordó la violencia política contra las mujeres en
razón de género: en defensa de sus derechos políticos y electorales
El
proceso electoral en curso cuenta con las herramientas necesarias para que se
niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en
razón de género, aseguró la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla
Humphrey.
“Una
persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto
de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es
obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera
instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”,
sentenció.
Durante
su participación en la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y
elecciones en el mundo” explicó que actualmente se cuenta con las garantías
para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por
violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias
morosas.
Ello,
dijo, a partir del formato que deben presentar los aspirantes a una candidatura
conocido como la 3 de 3, ya que si bien no pudo establecerse como un requisito,
sí es un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que, de no
cumplirse o mentir, impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que
se necesita para el registro a un cargo de elección popular.
“Estamos
avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy
desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a
justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en
las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó.
Ante
este panorama estimó que resulta necesario rediseñar esta declaración 3 de 3 y,
sobre todo, hacer eco de los señalamientos por parte de organismos
internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no reciben
atención, ni justicia pronta y expedita.
Consideró
fundamental y necesario que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que
sufren las mujeres en nuestro país y de la cual la violencia política es sólo
una parte.
La
Consejera Carla Humphrey expuso las acciones que desde el INE se han
desarrollado para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia
política de género sean efectivamente aplicadas.
Entre
ellas destacó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en
Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género que desde su
creación, en septiembre del 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas,
17 hombres y cuatro mujeres.
Violencia
política ha estado presente desde que las mujeres adquirieron el derecho al
voto
Leticia
Bonifaz, experta independiente del Comité de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), evidenció que la
violencia política en contra de las mujeres existe desde el momento en que
surgieron las primeras sufragistas que exigían el derecho al voto que a pesar
de que se logró, aún en nuestros días sigue sin traducirse en las mismas
condiciones para ambos géneros.
Por lo
que si bien reconoció los avances alcanzados en México para garantizar la
participación de las mujeres en el ámbito político, el avance dependerá de una
verdadera concientización y, sobre todo, cuando exista claridad de “por qué sigue
existiendo un techo de cristal, un piso pegajoso para las mujeres”.
Katia
Uriona, consultora internacional, habló sobre la experiencia de Bolivia donde,
a pesar de haber logrado ya dos legislaturas paritarias, se mantienen muchas
resistencias que se expresan en diversos comportamientos para limitar la
participación de las mujeres.
Por
ello, agregó, la violencia política tiene un impacto mayor ya que no sólo
afecta a la mujer contra la que se ejerce, sino que también es un mensaje para
todas aquellas que buscan ingresar a la vida política haciéndole saber que el
costo de participar es demasiado alto al punto de desincentivarla.
Por su
parte Luciana Lóssio, ex ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil
habló de la experiencia de su país para lograr una cuota paritaria en la
postulación de candidaturas, así como del trabajo que se desarrolló para
prevenir la violencia política contra las mujeres ante la falta de un marco
normativo vigente.
En
este sentido, estimó que Brasil está muy lejos de alcanzar los avances que
tiene México para garantizar la representación paritaria que hoy se tiene en el
Congreso y sobre la defensa de los derechos político-electorales de las
mujeres.
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