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· Participa
Consejera Carla Humphrey en Conversatorio “Acciones afirmativas en favor de las
personas en situación de discriminación y reforma electoral”
El
llamado Plan B de la reforma electoral limita al Instituto Nacional Electoral
(INE) para emitir acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a
favor de personas históricamente discriminadas, además reduce los espacios de
representación legislativa por esta vía a 25, advirtió la Consejera Carla
Humphrey Jordan.
Al
participar en el Conversatorio Acciones
afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma
electoral, organizado por el INE y la Librería U-Tópicas, afirmó que
“estamos ante un riesgo inminente de un retroceso en los derechos humanos, los
derechos político-electorales, el derecho de participación política de las
personas en situación de discriminación”.
Humphrey
estimó que reducir los espacios por acciones afirmativas de los 65 logrados por
la autoridad electoral a 25, implica una “clara regresión e incluso violación a
los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos grupos”.
La
igualdad formal, insistió la Consejera, no alcanza para cubrir los espacios
necesarios para la representación política y los accesos al escenario público,
por lo tanto, “tenemos que ir a la igualdad sustantiva, es decir, hacer iguales
a los iguales y abonar para que las personas en situación de desventaja puedan
tener acceso a estos cargos”.
Acciones
afirmativas deben partir del contexto
Carla
Humphrey recalcó que, de acuerdo con un estudio realizado en colaboración con
El Colegio de México, las acciones afirmativas deben diseñarse con base en el
contexto.
“Claramente
esta reforma no hace este análisis, en general, pero en el tema de acciones
afirmativas no hay ningún planteamiento ni análisis de por qué se llega a este
número aleatorio de 25, por qué suponen que es un número suficiente para cubrir
una sociedad plural que debe garantizar estos espacios de acuerdo a cómo está
constituida nuestra sociedad”, criticó.
En
este sentido, la Consejera llamó a la academia, a las organizaciones de la
sociedad civil y a las personas en lo individual para que aporten sus puntos de
vista y, en caso de que crean que con esta reforma se transgreden sus derechos
político-electorales, acudan a las vías jurisdiccionales a su alcance.
Además,
recordó que “no hay mejor persona que garantice los derechos de determinados
grupos que las personas que los integran, que saben claramente qué hacer, qué
necesitan, qué presupuesto”, entre otros aspectos para dejar atrás las
desventajas y el contexto histórico de discriminación que han vivido.
Acompañaron
a la Consejera Carla Humphrey, Teresa Hevia Rocha especialista en temas de
género y Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona en América Latina, con
identidad de género no binaria, en ocupar una magistratura en el Tribunal
Electoral del Estado de Aguascalientes.
Plan
B atropella a grupos beneficiados por acciones afirmativas
Durante
el Conversatorio, la especialista en temas de género, Teresa Hevia Rocha, consideró
que lo más grave del Plan B de la reforma electoral es que deja suelto y en
manos de los partidos políticos cómo se elegirán los 25 espacios para grupos
vulnerables, lo que en su opinión “es un atropello a los grupos que habían sido
beneficiarios de las acciones afirmativas y deja a un lado la certeza”.
Por
ello, la consultora independiente cuestionó “con qué criterios se asignará a
cada grupo un número indeterminado de candidaturas, sin diagnóstico, sin
homogeneidad, sin pautas rigurosas para la adscripción y sin la posibilidad de
que refleje el tamaño, vulnerabilidad o grado de discriminación de cada grupo”.
Reforma
no abona a la certeza de acciones afirmativas
Por
su parte, Jesús Ociel Baena apuntó que una reforma electoral debe buscar
aumentar espacios de representación, no ir hacia atrás. “Es decir, dar más
espacios, no menos. Tener reglas más claras, no más oscuras, porque esto no
abona al principio de certeza, que es uno de los principios fundamentales de
los procesos electorales”.
Baena
Saucedo insistió en que los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad deben ser la base y el
fundamento de todo proceso electoral, “pero no se notan en esta reforma. Es una
reforma regresiva, hay que decirlo”, porque además ata de manos a las
autoridades tanto administrativa, como jurisdiccional.
El
Conversatorio fue moderado por la politóloga por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), Lina Diazconti Ramírez, en representación de la
Librería U-Tópicas.
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