· Respeto
y garantía de los derechos humanos de todas las personas legitima democracia:
Dania Ravel
· Partidos
políticos tienen la responsabilidad de no postular a personas violentadoras a
un cargo de elección popular: Carla Humphrey
En el
marco del Proceso Electoral Federal y los procesos locales concurrentes
2023-2024, las autoridades electorales deben garantizar que personas
violentadoras de mujeres en razón de género no tengan acceso al poder,
coincidieron las Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel
Cuevas y Carla Humphrey Jordan.
En el
marco del Foro Acciones afirmativas para
una democracia inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), la Consejera Dania Ravel aseguró que
lo que legitima a la democracia es el respeto y garantía de los derechos humanos
de todas las personas. “Me parece que ése debe ser un límite irreductible para
los designios de la mayoría”, enfatizó.
Durante
la inauguración del Foro subrayó que las acciones afirmativas son importantes
“porque simplemente sin la participación de todas y todos no podemos hablar de
la existencia de una democracia”.
No es
posible afirmar que vivimos en una democracia plena, insistió Ravel, si aún
existen personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos por su expresión
de género, por su orientación sexual, por vivir con una discapacidad, por
pertenecer a una etnia, por su condición social.
Ante
la Consejera Presidenta Provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez;
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH),
Gilberto de Guzmán Bátiz García y el Fiscal Electoral del Estado de Chiapas,
Ernesto López Hernández, la Consejera Ravel aseveró que ni las acciones
afirmativas, ni la 3 de 3 contra la violencia generarán un cambio social
inmediato.
Recalcó
que tampoco garantizarán por sí solas “el éxito de un proyecto democrático
incluyente y sin violencia, pero sí colocan en el centro de la discusión la
necesidad y trascendencia impostergables de la participación y la
representación política de personas pertenecientes a grupos en situación de
discriminación, así como la prevención y erradicación de todo tipo y modalidad
de violencia contra las mujeres”.
Las
personas violentadoras no deben llegar a los cargos públicos
Al
impartir la conferencia Retos en la
aplicación de la 3 de 3 en el Proceso Electoral 2023-2024, la Consejera
Dania Ravel planteó los desafíos que ha implicado que, por ley, los partidos
políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y
erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
“Tenemos
que caminar hacia el hecho de que, si está la consecuencia y la infracción de
la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ante casos
verdaderamente graves, poder establecer que una persona violentadora no llegue
a los cargos públicos”, sostuvo.
Ahora
que la 3 de 3 contra la violencia es constitucional, la Consejera Ravel
consideró que se tiene que hacer una revisión completa para verificar que
efectivamente todas las personas cumplan con lo que ya es un requisito de
elegibilidad.
Es
decir, no estar en alguno de los tres supuestos: personas deudoras de pensión
alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar.
El
mayor reto que enfrenta la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia, afirmó,
“es que las mujeres puedan participar de forma libre, sin ningún tipo de
violencia y que puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales”.
La
Consejera Ravel detalló que para una mayor efectividad de esta ley se deben
firmar convenios con los tribunales y trabajar de la mano con la sociedad civil
para allegarse información de quienes aspiran a una candidatura, para comprobar
que no son personas violentadoras, “pues es obligación de las autoridades
electorales hacer una revisión completa”.
Ravel
Cuevas aclaró que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
VPMRG nunca ha tenido como objetivo que la persona ahí registrada pierda su
derecho automáticamente a ser candidata o candidato, por lo que, en los lineamientos
de elección consecutiva de legisladores aprobados por el Consejo General, se
estableció que serán los partidos políticos los que revisarán que en éste no se
encuentre él o la aspirante y valorarán la pertinencia de la postulación de la
persona.
“¿Qué
queremos hacer? Que también tenga un costo político para los partidos, porque
al final, todo mundo, en el discurso, está bien comprometido con el tema y a
favor de los derechos de las mujeres y la inclusión y en contra de la
violencia, pero resulta que después quieren postular a personas que están ahí,
que han cometido actos de violencia política”, precisó.
Necesaria
revisión total para que candidaturas no estén en supuestos de 3 de 3 contra la
violencia
Al
participar de manera virtual en el panel 1 titulado El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3,
la Consejera Carla Humphrey Jordan advirtió que cada vez que aumenta la
participación de mujeres en política, también incrementa la violencia que se
ejerce contra ellas por querer incursionar en estos espacios públicos.
Acompañada
de la Consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California y Presidenta
de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, Olga Viridiana Maciel; el
Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Ernesto López y la Magistrada del TEECH,
Sofía Ruiz Olvera, Humphrey recalcó que en este Proceso Electoral 2023-2024 las
autoridades electorales tienen que hacer la revisión total de las postulaciones
para verificar que no se encuentren en los supuestos de la 3 de 3 contra la
violencia.
“Y los
partidos políticos tienen la responsabilidad también de no presentar a personas
violentadoras para postularse a un cargo de elección popular”, exhortó.
Además,
señaló que las autoridades electorales en el país tienen que aprobar y
garantizar que personas violentadoras no tengan acceso al poder, “que no puedan
ser postuladas a estos cargos de elección popular y, por tanto, salvaguardemos
el derecho de todas las mujeres de no ser violentadas y no seguir siendo
violentadas desde el poder”.
Carla
Humphrey recordó que la 3 de 3 contra la violencia ya es un principio
constitucional y es de observancia obligatoria. Ante el incremento de la
violencia digital, llamó a poner especial atención en la violencia que se
ejerce en las plataformas sociales y digitales, “pero tenemos primero que
visibilizar esta violencia, porque en redes sociales parece que lo que no se
evidencia y no se materializa, parece que no existe”.
Al
respecto, mencionó que el 21 de agosto el INE presentó junto con Meta la guía titulada Enfrentando la violencia política contra las
mujeres en Facebook, WhatsApp e Instagram, que contiene una forma para
identificar cuándo es violencia, para prevenirla, denunciarla desde las redes
sociales y para que las mujeres tengan más herramientas para hacer uso de estas
plataformas. Asimismo, contempla un mecanismo de denuncia junto con el INE.
La
Consejera Carla Humphrey reiteró que hay una sanción establecida en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expresamente para la
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la cual señala que
puede haber distintas sanciones, pero una de ellas es la cancelación y/o la
negativa del registro a ser postulado como candidato o candidata a un cargo de elección
popular.
“Creo
que elementos jurídicos los tenemos para defender la ocupación o el acceso de
las mujeres a estos espacios públicos sin violencia”, concluyó.
El
panel fue moderado por la Consejera del IEPC, Helena Margarita Jiménez
Martínez.
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