![..::[RADIO VIP]::..](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjvCN-iV57COhhgXRAycSp-y5OFYjKAAtNAoVhoQd82hY1IpIKthvxvNaO6npgDJi-UtD4ZRqYlrhYqdv3aNH8xQ5jmlGTc-eHkUDYg0zSVPnGzyLn5SR2BsVVt1ABLO3b4djibF9k1oz5AEG4ZfvpmYzdAeph3DjwGAFpVxv4N6hMCAR3bd-vccuTN=s1019)
14 de julio
de 2025
Introducción Durante las últimas semanas,
atestiguamos un proceso legislativo extraordinario en el Congreso de la Unión
que encendió señales de alerta en múltiples sectores de la sociedad mexicana.
En ese breve
periodo, se aprobaron 16 reformas que, lejos de fortalecer nuestro marco
institucional, alteran los equilibrios democráticos, debilitan los derechos
fundamentales y llegan a vulnerar garantías ciudadanas. Desde COPARMEX,
manifestamos una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación
entre el Estado y la ciudadanía.
La desaparición de la gran mayoría de órganos
autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos
de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico, nos obligan a
alzar la voz. El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un
patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido
análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la
sociedad civil.
Las
consecuencias de este proceder son serias y duraderas. Por ello, presentamos un
análisis de las principales reformas aprobadas, sus riesgos y, sobre todo,
nuestra posición como organismo comprometido con la defensa del Estado de
Derechos.
La
concentración de poder siempre ha representado una amenaza para la libertad. En
México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a
pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas
abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el
diálogo por la imposición. Este no es el camino para fortalecer el Estado de
Derechos: una democracia sólida se construye escuchando y respetando la
diversidad de voces.
Concentración del poder en materia de
seguridad Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones
clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la
SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen
términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”, lo que
abre la puerta a la ideologización de la seguridad pública. Además, la reforma
debilita los contrapesos locales, pues se elimina la autonomía operativa de las
instancias estatales y municipales.
Pese a que se promueve la participación de los
ayuntamientos, no existen mecanismos vinculantes que garanticen su efectividad.
Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de
tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor
vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.
Riesgos de
vigilancia masiva e intrusión en la privacidad La nueva Ley del Sistema
Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de
inteligencia bajo la coordinación de la SSPC.
Se crea una
Subsecretaría específica y se permite el cruce masivo de información sensible
de las personas entre bases de datos nacionales e internacionales, sin
controles judiciales robustos ni autorización por parte de la ciudadanía para
compartirlos.
Con esta iniciativa no existen salvaguardas
claras para proteger los datos personales de los ciudadanos. La ausencia de
límites explícitos habilita la posibilidad de una vigilancia generalizada, sin
control judicial efectivo ni transparencia.
En este
escenario, se corre el riesgo de utilizar herramientas tecnológicas para fines
ajenos a la seguridad pública, como es el espionaje. Un sistema de inteligencia
que opera sin contrapesos externos y sin un modelo claro de rendición de
cuentas, representa una amenaza directa a los derechos individuales consagrados
en la Constitución.
Uso político de la identidad ciudadana Otro
cambio relevante es la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, la cual introduce la Plataforma
Única de Identidad, conectada con la CURP, registros forenses y otros sistemas.
Esta plataforma impone la obligación a
ciudadanos y autoridades de compartir datos biométricos, estableciendo la CURP
con biometría como documento nacional de identidad universal.
El mecanismo
centraliza información sensible sin contar con garantías sólidas de protección
de datos, lo que aumenta el riesgo de filtraciones, abusos y posibles
inhibiciones a la participación democrática si se condicionan derechos
políticos al uso de esta CURP. Además, al reconocerla como documento primario,
podría desplazarse gradualmente a la credencial del INE, debilitando su rol
como autoridad electoral y afectando la confianza en los procesos democráticos.
Ataque a la
autonomía regulatoria en telecomunicaciones La propuesta a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación
Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de
Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal. Esta
reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones
clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad
jurídica del sector, que aporta 3.3% al PIB nacional. Además, afecta el
cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC.
La reforma también obliga a que todas las compañías de telefonía identifiquen a
sus usuarios —incluso de prepago— mediante la CURP.
Quienes no cumplan podrían perder el servicio,
afectando a millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, y
profundizando la brecha digital. Postura de COPARMEX Desde COPARMEX sostenemos
que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los
órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el
ciudadano tenga voz ante el poder. Por eso, seguiremos firmes, vigilantes y
actuando en defensa del México democrático que juntos hemos construido.
Por ello
rechazamos la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni
apertura al diálogo ciudadano. Las decisiones que alteran la arquitectura
institucional del país deben surgir de procesos abiertos, transparentes y
técnicamente sustentados.
Lamentamos que en este periodo extraordinario
se haya ignorado esa responsabilidad democrática. La democracia necesita
equilibrios, no sumisiones. Instituciones como el INAI y el IFT garantizaban
transparencia, competencia, privacidad y acceso a la información.
Su
eliminación representa una pérdida para toda la sociedad. En un entorno global
donde la confianza y la certeza jurídica son clave para la inversión, la
centralización del poder y la subordinación institucional comprometen el
desarrollo económico. Sin instituciones fuertes, no hay crecimiento ni justicia
social.
México
atraviesa enormes retos en materia de seguridad, economía y política exterior;
por ello, se impone la necesidad de escuchar a la ciudadanía y no desmantelar
los avances institucionales que nos han costado décadas construir. Nos
comprometemos a seguir defendiendo los principios que nos unen: la libertad, la
democracia y el respeto a la ley. Levantaremos la voz, acudiremos a las vías
legales y seguiremos construyendo alianzas con los ciudadanos para proteger lo
que hemos logrado con décadas de esfuerzo colectivo. No vamos a permitir que el
autoritarismo sustituya al diálogo, ni que el poder sin contrapesos suplante a
la democracia. México nos necesita firmes, unidos y vigilantes.
.jpeg)
.jpeg)
.JPG)
