· COPARMEX reitera que sin seguridad no hay inversión, empleo ni
desarrollo; se necesita coordinación efectiva entre los tres órdenes de
gobierno.
· Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas
de extorsión, 5.2% más que en 2024 y una cifra negra estimada de 97%.
· Uno de cada cuatro asesinatos del país ocurre en municipios de la
faja fronteriza.
La violencia y la
extorsión en la frontera norte se han convertido en una amenaza directa al
crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo. En lo que va del
año, se han registrado 8 mil 585 víctimas de extorsión en el país, un
incremento de 5.2% respecto al mismo periodo de 2024, y de ellas, el 11.8%
ocurrió en los 43 municipios fronterizos, lo que refleja un aumento del 15.2%
en comparación con el año pasado. Estas cifras revelan una realidad alarmante:
la franja fronteriza, vital para el comercio exterior y la industria nacional,
enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad.
Desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reafirmamos que la
seguridad es la base del Estado de Derechos y condición indispensable para el
desarrollo económico y social. Las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas
afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que
son el corazón productivo de nuestras comunidades. Cuando un empresario se ve
obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierde mucho más que
un negocio: se pierden empleos, oportunidades y confianza.
La Estrategia
Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito
entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74% de estos
intentos no se concretó, 5 mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con
datos suficientes para abrir carpeta de investigación. Sin embargo, la cifra
negra por este delito alcanza el 97%, lo que implicaría que solo se está
atendiendo al 3% de los casos reales. Este fenómeno crece a un ritmo
inaceptable, sin que existan respuestas proporcionales ni políticas públicas
efectivas para frenarlo.
La frontera norte,
que abarca 3 mil 200 kilómetros de extensión y seis estados estratégicos —Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, representa
el principal motor exportador del país. Sin embargo, esta región enfrenta graves
desafíos derivados del tráfico ilegal de personas y mercancías, del contrabando
y de la disputa entre grupos que operan bajo la ley por el control de rutas.
Esta combinación de factores incrementa la violencia y la vulnerabilidad de la
actividad económica.
A esto se suma el
impacto humano: más de 135 mil personas permanecen desaparecidas en México, y
en estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León se concentra una parte
significativa de estos casos. Además, en lo que va del año, 1 de cada 4
asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) ocurrieron en alguna entidad
fronteriza. La impunidad en materia de desapariciones y delitos violentos mina
la confianza en las instituciones y debilita la percepción de justicia, un
pilar esencial del Estado de Derechos.
Nuestros Centros
Empresariales de COPARMEX que se encuentran en ciudades fronterizas han
documentado el creciente clima de inseguridad y extorsión que enfrentan sus
agremiados. Las amenazas, cobros ilegales y hostigamientos han limitado la
actividad productiva y desincentivado nuevas inversiones. Esta situación no
puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional.
En este contexto,
consideramos urgente que el Senado de la República dictamine a la brevedad la
iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión,
aprobada recientemente por la Cámara de Diputados. Esta legislación representa
una oportunidad para homologar criterios, fortalecer la coordinación entre
autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías
estatales.
Si bien en algunos
puntos de la frontera se perciben momentos de relativa estabilidad, esta no
puede depender de factores informales o circunstancias coyunturales. La
seguridad y la tranquilidad deben ser resultado de instituciones sólidas, de
cuerpos policiales profesionales y de un Estado de Derecho que garantice la
protección de las personas y la libre actividad económica. Cualquier control
que no provenga de la autoridad legítima es insostenible y termina afectando el
desarrollo, la inversión y la confianza. Por ello, es indispensable reforzar la
coordinación institucional para asegurar condiciones de paz duraderas y
garantizar que la actividad productiva pueda desarrollarse sin riesgo ni
presiones de ningún tipo.
En COPARMEX
exigimos una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, la
depuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y el uso
de inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta la extorsión.
Además, es indispensable garantizar condiciones de seguridad para empresarios,
trabajadores y ciudadanos, porque sin seguridad no hay inversión, ni empleo, ni
desarrollo posible.
Reiteramos que
México necesita recuperar la confianza en el Estado de Derechos. La extorsión
no solo lastima la economía: destruye el tejido social. Por ello, seguiremos
insistiendo en que la seguridad debe ser prioridad nacional. Sin ella, ningún
esfuerzo económico, social o político podrá sostener el futuro que nuestro país
merece.
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