• La extorsión tiene de rodillas a los empresarios y sigue
limitando la operación, la inversión y el crecimiento del país.
• En 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del
país, evidenciando un problema que se expande a casi dos tercios del territorio
nacional.
Desde la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostenemos que la extorsión se ha
convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad
empresarial en México. No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino
de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la
operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas,
particularmente en determinadas regiones.
Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva
del SESNSP revelan una paradoja alarmante: pese a que se observa evidencia de
reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito
estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de
las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva.
Además, el incremento
registrado desde 2015 se basa únicamente en las extorsiones denunciadas, lo que
no refleja la dimensión real del problema, ya que diversas estimaciones
advierten que, al considerar la cifra negra, el crecimiento de este delito
sería aún más relevante.
El balance de la última década confirma que el problema no es
coyuntural. En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil
223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando
una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local. A nivel
estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas
estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México,
Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las
víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se
acumula el 81.0% del total nacional. En 2025, 20 de las 32 entidades
registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que
en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre
los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de 1,300%;
Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%;
Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todos con variaciones de dos y hasta
tres dígitos. Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por
cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los
niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial:
Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra 4 y
Nuevo León cuenta con 2.
Esta disparidad
confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y
que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda
con rapidez. En las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una
trayectoria ascendente: 17.35% de los delitos se concentran en entidades
colindantes, de los cuales 12.27% corresponden a la frontera norte y 5.07% a la
frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, destaca la frontera
sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4% frente al
7.9% observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente
sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales
clave. Esta tendencia coincide con lo que viven las empresas en la nación. Los
resultados de #DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que
46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el
segundo delito con mayor número de casos.
El 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2%
de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con
apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en
las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derechos. Desde
COPARMEX sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como
prioridad nacional de política pública. Si bien es relevante la aprobación de
la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda
prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las
Fiscalías Estatales para atender este grave delito.
Fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad
efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la
ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y
asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.
COPARMEX estará observando puntualmente la canalización de
presupuestos y la conformación de las estructuras especializadas acordadas en
la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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