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David
Garay Maldonado, Abogado General de la dependencia pidió a sus
integrantes conducirse de manera irrestricta, dar cabal cumplimiento
a la normatividad vigente
El
Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), David Garay Maldonado, afirmó que
para la dependencia es primordial atender a los sectores sociales más
desprotegidos del país y, al mismo tiempo, garantizar el ejercicio
pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía,
protegiendo así el valor superior de la democracia.
Al
instalar, en la ciudad de Tepic, el Comité Preventivo de Blindaje
Electoral para Nayarit pidió a sus integrantes conducirse de manera
irrestricta, dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente y a los
criterios establecidos en la estrategia institucional de Blindaje
Electoral.
En
esta entidad, cuyos habitantes acudirán a las urnas el próximo 4 de
junio, el Abogado General y responsable del blindaje de cara a los
comicios de este año, recordó que de acuerdo a la ley
correspondiente, “no debemos realizar propaganda gubernamental ya
sea por medio de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que destaquen logros, programas, acciones,
obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación, durante el
periodo de restricción”.
En
este entendido, dijo, al tomar acciones preventivas a través de los
programas sociales, “se busca que el desarrollo del proceso de
elecciones se desenvuelva con total normalidad sin mal funcionamiento
ni indebido desempeño de los servidores públicos y desvío en las
obligaciones bajo su encargo”.
Garay
Maldonado expresó que el interés del titular de la Sedesol, Luis
Enrique Miranda Nava, es establecer políticas de cohesión social
que permitan salvaguardar de manera efectiva los derechos de la
población a través de la transparencia máxima y el mayor rigor en
la ejecución de los programas sociales.
El
funcionario federal destacó que en Nayarit habrán de elegirse 245
cargos entre ayuntamientos, diputaciones, regidores y la gubernatura.
La entidad cuenta con 392 mil 753 beneficiarios adscritos a 12
programas sociales de la Sedesol, de los cuales 187 mil 223, es
decir, 47 por ciento pertenecen a Prospera.
Garay
Maldonado recordó también a los integrantes del Comité en Nayarit
que en el ejercicio de los derechos y libertades de naturaleza
político-electoral, como servidores públicos, “debemos apartarnos
de destacar nuestra imagen, calidades personales, logros políticos y
económicos, militancia de partido, creencias religiosas,
antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de gobierno
con la persona más que con la institución y el nombre y las
imágenes se utilicen haciendo referencia al servidor público con el
fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines
político electorales”.
El
objetivo del Blindaje Electoral establece que los comicios sean
transparentes, equitativos, democráticos e imparciales, alejando a
la Secretaría de cualquier acto de carácter proselitista y que los
recursos de los programas sociales no incidan en el voto ciudadano,
apuntó Garay Maldonado.
A
su vez, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Eviel Pérez
Magaña, aseguró que “esta acción demuestra la voluntad y el
compromiso que tenemos en la Sedesol por salvaguardar los derechos de
los beneficiarios. Nuestro objetivo es preciso: blindar sus derechos
sociales para que sus derechos políticos puedan ejercerlos
libremente”.
El
funcionario federal reconoció el esfuerzo y apego a la ley de los
órganos electorales de Nayarit, de la Procuraduría General de
Justicia del estado, de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade), de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), de los delegados federales de la Sedesol.
En
el marco de la implementación del Programa de Blindaje Electoral de
los Procesos Electorales 2017, asistieron el titular del Órgano
Interno de la dependencia, Jacobo Mischne Bass; la directora de
Combate a la Corrupción, Rosario Rebeca Reyes Silva, y la delegada
de la Sedesol en Nayarit, Liliana Elizabeth Gómez Meza, entre
otros funcionarios.