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• Reafirmamos nuestro compromiso con un México con justicia imparcial y derechos garantizados.
• Nos preocupa profundamente la complejidad y riesgos de una
reorganización apresurada del Poder Judicial, resaltando el impacto negativo de
cambios sin preparación adecuada en la resolución de casos.
• Subrayamos que fortalecer los poderes judiciales estatales,
policiales y fiscales es vital para un acceso ágil a la justicia en México.
El día de ayer, miércoles 30 de octubre, presentamos un
Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración
con la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, reafirmando nuestra misión
de proteger los principios fundamentales de la Constitución y el estado de
derecho en México. Este documento jurídico, dirigido a Juan Luis González
Alcántara Carrancá, Ministro instructor de la controversia constitucional
286/2024 y de las acciones de inconstitucionalidad y consultas relacionadas,
expone los riesgos que plantea la reciente reforma al Poder Judicial Federal
publicada en septiembre de 2024.
Para quienes integramos la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), la independencia del Poder Judicial es un pilar
esencial de nuestra democracia y la salvaguarda de los derechos ciudadanos. En
nuestro Amicus Curiae aportamos una visión integral y fundamentada sobre los
efectos negativos de esta reforma, señalando cómo se pone en riesgo la
imparcialidad judicial y la protección de los mismos.
La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y
ministros compromete la autonomía judicial al someterla a influencias políticas
y electorales, lo que generaría un sistema de justicia parcial y dependiente de
intereses ajenos al bien común.
Aunado a lo anterior,
la falta de experiencia o conocimiento en materia judicial de las personas que
resulten elegidas, disminuirá, sin lugar a dudas, la calidad de las
resoluciones de los asuntos que se pongan a su consideración, sometiendo tales
deficiencias ante los tribunales de alzada y quizá llegando cada vez más
asuntos a consideración del Pleno de la Corte ante notables faltas de forma o
de fondo, incrementando aún más el tiempo para el acceso de la justicia;
asimismo, nos preocupa que en ninguna parte de la reforma se considera
incrementar oficinas de juzgados o dotar de una suficiencia presupuestal
necesaria para la formación, capacitación y especialización. Como lo hemos
venido señalando reiteradamente en diversos comunicados, consideramos que los
efectos de esta reforma impactan directamente en la seguridad jurídica que
México necesita para atraer inversiones y promover un desarrollo económico
estable.
Un Poder Judicial
politizado generaría incertidumbre legal, desincentivando a quienes buscan
invertir en el país. En el contexto actual de nearshoring, los inversionistas
requieren confianza y estabilidad, y es nuestra responsabilidad asegurar un
entorno confiable para la generación de empleos y el crecimiento nacional.
Además, subrayamos en nuestro Amicus Curiae que México está comprometido con
tratados internacionales, como el T-MEC, los cuales exigen un sistema judicial
autónomo para garantizar una resolución justa e imparcial en conflictos
comerciales y la protección de los derechos humanos.
De persistir la politización del Poder Judicial, el país
podría enfrentarse a sanciones comerciales, afectando su competitividad y su
posición como un destino confiable para el comercio global.
En COPARMEX creemos que fortalecer el Poder Judicial no
significa intervenir en su autonomía, sino apoyar la implementación de procesos
disciplinarios imparciales y basados en la meritocracia. La creación de un
Tribunal de Disciplina Judicial por voto popular, como plantea la reforma,
introduce riesgos de parcialidad que podrían debilitar la administración de
justicia. Insistimos enérgicamente que un Poder Judicial libre de presiones
externas es clave para un México próspero y equitativo.
Con este Amicus Curiae, reafirmamos nuestro compromiso con el
respeto al marco constitucional y el estado de derecho, pilares fundamentales
para un entorno de desarrollo social y económico sostenido, donde los derechos
y la seguridad jurídica de cada ciudadano estén plenamente garantizados.
Confiamos en que la
Suprema Corte considerará los principios fundamentales expuestos en nuestro
Amicus Curiae al analizar esta reforma. Invitamos a la sociedad y a todas las
instituciones a unirse a la defensa de un sistema judicial autónomo, esencial
para preservar el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales que
sostienen nuestra democracia y el progreso de nuestro país.
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