Desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos las
iniciativas del Gobierno Federal orientadas a fortalecer la inversión y el
crecimiento económico del país. Valoramos, en particular, el Plan de Inversión
en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, así como los
esfuerzos de promoción y desarrollo económico regional que buscan articular a
la iniciativa privada con el Gobierno.
Coincidimos
con la visión expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum de que la inversión
pública debe potenciarse con la inversión privada, y de que México requiere un
entorno que incentive la confianza para atraer capital nacional y extranjero.
Los
anuncios de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos, junto con la
ampliación presupuestal prevista para 2026, representan una oportunidad
importante para detonar proyectos de infraestructura, mejorar servicios y
progresar hacia un desarrollo sostenible con bienestar.
Sin
embargo, para que ese potencial se traduzca en resultados tangibles, el país
necesita inversión con certidumbre. Esto exige condiciones claras: seguridad
para operar (en carreteras, parques industriales y centros logísticos, así como
un combate frontal a la extorsión que afecta directamente a las empresas),
certeza jurídica, confianza institucional y energía suficiente, confiable y
competitiva, con capacidad de generación y transmisión eléctrica adecuada,
abasto oportuno de gas natural y reglas claras para la participación pública y
privada en el sector, incorporando fuentes de energía limpia que fortalezcan la
competitividad y la sostenibilidad de largo plazo.
Estos
elementos deben ser parte central de cualquier estrategia para promover la
inversión. Por ello, no es momento de introducir nuevas reformas que generen
incertidumbre o debiliten los pilares institucionales. Cuando estos sufren una
minusvalía, se erosiona la confianza de quienes invierten en el país. En los
últimos años, la acumulación de reformas ha generado señales de cautela en el
mercado interno y externo, lo que demuestra que la confianza no se decreta: se
construye con reglas claras, estabilidad y diálogo constructivo.
Asimismo,
los acuerdos comerciales internacionales, los flujos de inversión, los
compromisos asumidos por México con sus socios estratégicos y la renegociación
del T-MEC, descansan en un entorno de Estado de Derecho, de instituciones
confiables y democráticas, y de certeza jurídica. Nos encontramos en un
contexto de alta exigencia económica y de decisiones clave para el crecimiento
del país. No se deben enviar señales contradictorias a los inversionistas,
especialmente en un contexto global donde la competencia por atraer capital es
cada vez más intensa. La estabilidad económica y jurídica debe ser un
compromiso innegociable.
El país
tampoco puede dispersar esfuerzos en debates que generen división o
incertidumbre, particularmente cuando el reto central es fortalecer el
crecimiento económico para garantizar bienestar a las familias. México no puede
darse el lujo de jugar con su estabilidad y, por eso, consideramos que las
reformas que profundizan la polarización o generan cuestionamientos jurídicos
pueden poner en riesgo compromisos internacionales y afectar directamente la
competitividad.
Hoy más que nunca, México nos necesita unidos en lo fundamental, respetando las legítimas diferencias. En COPARMEX seguiremos impulsando el diálogo y la colaboración para que existan condiciones que mejoren la productividad, así como políticas públicas y un marco jurídico que faciliten la inversión privada en conjunto con la pública. Nuestra convicción es clara: sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro para M

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