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INE atendió 22 solicitudes de protección de
candidatos federales y locales: 16 a diputados federales, tres a presidentes
municipales, dos a jefes delegacionales y uno a gobernador
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Termina
INE fiscalización de partidos y candidatos
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El
total de las sanciones a partidos políticos y coaliciones asciende a 339.9
millones de pesos
El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión extraordinaria,
aprobó -por siete votos a favor y cuatro en contra de la Consejera Pamela San
Martín y de los Consejeros José Roberto Ruiz, Javier Santiago y Arturo Sánchez-
un proyecto de acuerdo por el que se resuelve la no procedencia de la pérdida
de registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitada por un
grupo de ciudadanos.
El proyecto
validado determina que las faltas cometidas fueron conocidas y sancionadas de
manera oportuna y no revisten gravedad extrema que afectara la equidad de la
contienda electoral 2014-2015 o lesionara el sistema democrático nacional.
Al respecto, el
Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, consideró que el Partido Verde
Ecologista de México transgredió sistemáticamente la ley, y por ello fue
sancionado por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Sin embargo, “la
pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido
político. En una sanción radical, suma y en los hechos trascendentes, pues sus
efectos no se circunscriben sólo al partido político al que se le aplica o a su
dirigencia, sino que alcanzan a los derechos de sus militantes y simpatizantes”,
advirtió.
Córdova
Vianello señaló que el PVEM es el segundo partido más multado en la historia
electoral del país. Registró 26 faltas en el proceso electoral 2014-2015 y
acumuló penas económicas por 597.5 millones de pesos, éste no puso en riesgo al
sistema democrático ni al sistema constitucional del país.
La Consejera
Adriana Favela, Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que
fueron revisadas todas las conductas denunciadas en contra del PVEM, así como
las obligaciones legales de éste, como lo establece la Ley General de Partidos
Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Precisó que la
resolución alcanzada no cancela los hechos ilícitos, los cuales quedan
debidamente registrados en los archivos del INE y podrán ser valorados junto
con otras conductas y en diferente contexto en caso de que el PVEM continúe con
acciones que contravengan la normativa electoral.
Al votar en
contra del dictamen, el Consejero José Roberto Ruiz, integrante de la Comisión
de Quejas y Denuncias, consideró que sí hubo elementos acreditados sobre el
incumplimiento grave y sistemático del PVEM, para proceder a la pérdida de su
registro como partido político nacional.
Dijo que este
partido transgredió gravemente el modelo de comunicación política y menoscabó
el principio de equidad en la contienda. “Debe aceptarse que la gravedad de las
contravenciones a las normas es evidente. En multas firmes tiene 185 millones y
están por resolverse impugnaciones que versan sobre sanciones que ascienden a
más de 400 millones de pesos”.
La Consejera
Beatriz Galindo, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, se pronunció
por la no pérdida de registro del PVEM, al explicar que los hechos denunciados
no fueron suficientes para afectar o anular de manera importante principios
constitucionales, derechos humanos o el régimen de libertades que se atribuye a
los partidos políticos.
“No encuentro
que se les haya vulnerado o restringido, ante un estudio en conjunto de los hechos
denunciados, pues la elección se llevó a cabo, no se limitaron las libertades
fundamentales para el ejercicio del sufragio y los resultados obtenidos así lo
indican. El elemento de gravedad extrema no se actualiza. La pérdida de
registro no resultaría proporcional, adecuada y necesaria”, señaló.
La Consejera
Pamela San Martín se pronunció en contra del proyecto al señalar “¿Pero cómo
puede no ser grave la conducta de un partido político que de forma intencional
y sistemática, antes y a lo largo del Proceso Electoral hace de la violación al
Estado de Derecho su estrategia electoral? Yo sostengo que es en éste elemento,
precisamente, en el que radica la gravedad, la gravedad extrema”.
En su
oportunidad, el Consejero Javier Santiago criticó la propuesta de resolución:
“Desde mi perspectiva, el proyecto es contradictorio y por tanto no aporta
certeza jurídica que es un objetivo fundamental de la autoridad electoral. Nos
dice que la conducta no revistió la gravedad máxima requerida para la
aplicación de una sanción máxima como es la pérdida del registro. No comparto tal
calificación y preguntó: ¿Qué se requiere para que se valore la gravedad de una
conducta como la desplegada e ilustrada en el proyecto? ¿Qué más debe hacer el
partido encausado?”
A su vez, el
Consejero Ciro Murayama consideró que “la historia nos demuestra que la
desaparición o prohibición de partidos políticos, se suele presentar en
sistemas democráticos en retroceso, o de plano, en sistemas autoritarios.
Quiere decir ello que la decisión de declarar la pérdida de registro de un
partido sólo ocurre en el autoritarismo, por supuesto que no. Pero cuando ello
ocurre en un sistema democrático debe ser porque no queda otra salida para
asegurar la sobrevivencia de la propia democracia y de las libertades que
garantiza”.
El Consejero Enrique Andrade consideró que la sanción de
pérdida del registro resultaría excesiva, porque omite tomar en cuenta que ese
partido ya fue sancionado en diversas ocasiones por vulnerar la normatividad
electoral, “lo cual indica que dichas conductas no quedaron impunes y, por
tanto, se estaría infringiendo la garantía de proporcionalidad”.
A su vez, el
Consejero Arturo Sánchez argumentó su posición al establecer que “los actos
ilícitos cometidos por el Partido Verde repercutieron de manera sumamente
negativa no sólo en el Proceso Electoral Federal y locales que acaban de
terminar, sino en consecuencia con el ejemplo y las premisas que se establecen
en procesos electorales que podrían venir en adelante, pues se sentaría un precedente
de que un partido político podría, en un escenario ‘x’ o en la percepción
pública, violar la ley, buscando obtener más votos sin consecuencia más que una
sanción económica”.
El Consejero
Marco Antonio Baños se sumó a la resolución y precisó que el universo de las
conductas sobre las cuales se fincó la solicitud para la pérdida o cancelación
del registro del PVEM, fueron revisadas por la autoridad electoral y, en su
caso, hay también ya sentencias específicas.
En tanto, el
Consejero Benito Nacif fijó su posición: “Yo comparto el sentido del proyecto,
aunque estoy en desacuerdo con algunos de los argumentos planteado a lo largo
del mismo. Creo que estamos ante un Procedimiento Sancionador muy peculiar, sui generis, porque piden al INE, a su
Consejo General, volver a juzgar hechos que ya han sido juzgados previamente y
sancionados de acuerdo con la ley ¿Hay aquí hechos novedosos? ¿Hay hechos
nuevos que se estén planteando? Creo a la respuesta a esa pregunta es: no”.
En otro punto
del orden del día, el Consejo General del INE, conoció un informe sobre las
políticas adoptadas para la presentación de denuncias por la probable comisión
de delitos electorales, las medidas de seguridad para candidatos y el
fortalecimiento de los convenios de colaboración llevados a cabo en el Proceso
Electoral Federal 2014-2015.
El Informe da
cuenta de la atención de 22 solicitudes de protección de candidatos de carácter
federal y local: 16 a diputados federales, tres a presidentes municipales, dos
a jefes delegacionales en el Distrito Federal y uno a gobernador. Y con base en
el convenio establecido entre el INE y la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se presentaron 22 denuncias, en su
mayoría por posesión y destrucción de material electoral. Se menciona –además-
que del 7 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015, la FEPADE recibió 3 mil
419 denuncias, de éstas 2 mil fueron actas circunstanciadas; mil 346
averiguaciones previas, y 73 carpetas de investigación.
En una segunda
sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, por unanimidad, diversas
modificaciones a los dictámenes consolidados y proyectos de resolución respecto
de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Campaña de
los Ingresos y Gastos de candidatos que participaron en la elección federal y
los procesos electorales locales en 16 entidades del país.
Los proyectos de resolución modificados, en acatamiento a
una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, corresponden a los estados de Baja California Sur, Campeche,
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y
Yucatán; entidades que tuvieron elecciones concurrentes con la federal.
El Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de
Fiscalización, informó que las modificaciones que fueron realizadas a los
dictámenes traen consigo reducciones en los montos de las sanciones
originalmente aprobadas, en el ámbito federal, por un total de 36.8 millones de
pesos.
Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le fue
reducido el monto de las sanciones por 32.9 millones de pesos; a Movimiento
Ciudadano, 3.3 millones de pesos; y a la Coalición conformada entre el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde (PRI-PVEM), 588 mil pesos.
El Consejero Murayama agregó que en el ámbito local, los
montos de las sanciones se redujeron en 12.4 millones de pesos: al Partido
Acción Nacional, tres millones; al Partido Revolucionario Institucional, 16 mil
pesos, al Partido de la Revolución Democrática, tres millones de pesos; al
PVEM, tres mil pesos, a Movimiento Ciudadano, 964 mil pesos; a Nueva Alianza, 9
mil pesos; a Morena, 1.5 millones de pesos; a la Coalición PAN-PT, cuatro
millones de pesos; y a la Coalición PRI-PVEM, seis mil pesos.
Derivado de las modificaciones a los proyectos, el
Consejo General aprobó sanciones a los partidos políticos y coaliciones en el
ámbito federal por 93.5 millones de pesos y en el ámbito local por 246.4
millones de pesos, lo que da como total 339.9 millones de pesos.
Posteriormente el pleno resolvió 128 procedimientos
sancionadores respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos nacionales.
Derivado de la
resolución de dichas quejas, las Consejeras y Consejeros Electorales
determinaron sancionar a diversos partidos políticos por un monto que asciende
un millón 278 mil pesos: al Revolucionario Institucional, 787 mil 713 pesos; a
Acción Nacional, 379 mil 170 pesos; a
Morena, 78 mil 301 pesos; al Partido del Trabajo, 29 mil 582 pesos; a Nueva
Alianza, mil 962; y al Verde Ecologista de México con mil 962 pesos.
Durante la
sesión, el Consejo General dio respuesta a la consulta planteada por el
representante del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, relacionada con
el concepto de votación válida emitida.
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