31 de agosto de 2025 En la antesala del primer informe de
gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde
COPARMEX hacemos un balance para identificar avances en favor de los mexicanos;
retrocesos que frenan el desarrollo, limitan las libertades y dañan el Estado
de Derecho, así como las oportunidades y las propuestas para contribuir a la
construcción de un México mejor, con crecimiento, seguridad, paz y justicia
social.
Reconocemos que hay
avances en las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales,
convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones
laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar
afectaciones arancelarias.
En contraste, desde COPARMEX advertimos que la reforma
judicial que derivó en la elección de ministros, magistrados y jueces; la
desaparición de organismos autónomos; la falta de un combate real a la
corrupción, y la crisis del sistema de salud, que incluye desabasto de
medicamentos y falta de atención, son retrocesos que deben revertirse.
Avances La presidenta Sheinbaum inició su gestión enfrentando
el reto de la seguridad con una estrategia renovada y personal preparado.
Aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos
índices delictivos van a la baja. No obstante, persisten fenómenos graves que
afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica: las
desapariciones forzosas siguen siendo una herida abierta, mientras que el robo
de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos—
vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos. A ello se suma la
extorsión, que continúa como amenaza crítica: entre enero y julio de 2025, las
víctimas crecieron 8.2% respecto al mismo periodo previo, lo que confirma la
urgencia de que el Congreso apruebe una Ley General contra la Extorsión.
De acuerdo con #DataCoparmex, uno de cada dos socios ha
sufrido algún delito, siendo este de los más recurrentes.
En materia económica, la mandataria ha mostrado apertura al
diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de
inversión mixta. Estas acciones reflejan más participación privada en sectores
estratégicos como el energético.
En lo internacional, reconocemos el esfuerzo por mantener
relación cercana con el gobierno de EE.UU., encabezado por Donald Trump, y la
participación en foros como el G20.
La apertura con América Latina, Europa y Asia fortalece la
posición de México en un mundo interconectado. Destacamos que, frente a
amenazas arancelarias que implican incumplimiento del T-MEC, el Gobierno
mantuvo diálogo con EE.UU. para impulsar la competitividad regional. El Plan
Pemex 2025-2030 también es positivo: plantea apertura a inversión privada y una
reingeniería financiera que busca estabilidad.
Reconocemos la meta de que Pemex sea autosuficiente en 2027,
sin apoyos fiscales, lo que permitirá destinar más recursos en salud, educación
e infraestructura.
En lo laboral, reconocemos el diálogo social tripartito. El
salario mínimo 2025 se acordó en la CONASAMI con un aumento del 12%, cubriendo
el 90% de la línea de bienestar familiar; en la frontera ya superó este nivel
desde 2022.
Esto se suma a la reducción de la pobreza que se explica
principalmente por mayores ingresos laborales. También valoramos que la
reducción de la jornada laboral se consulte de manera tripartita, pues una
reforma de ese calado requiere la participación de todos los sectores.
Retrocesos Existen retrocesos que debemos señalar. La
sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales
sin un el amplio consenso y análisis que requieren.
Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la
primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias
estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino
más bien profundizadas: apenas el 13% del padrón acudió a votar y más del 16%
de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2
de cada 10 votos no fueran contabilizados.
Estas cifras reflejan
no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la
organización del proceso. Adicionalmente, la desaparición de organismos
autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio
institucional y el Estado de Derecho.
Todo esto ha tenido impactos directos en la economía y el
empleo. La inversión fija bruta acumuló nueve meses de caídas y el ánimo para
invertir entre socios COPARMEX cayó 12.8 puntos al cierre de 2024, situándose
en 38.3%, nivel comparable al de la pandemia. Por su parte, la creación de
empleos ha mostrado una desaceleración.
Sin contar a los trabajadores que se incorporaron a través
del Piloto de Plataformas Digitales, en agosto se acumularon cuatro meses con
disminuciones mensuales. En cuanto a los registros patronales, sumaron 1 millón
39 mil 467, con una caída anual de 2.9%. Con esto, se acumulan 13 meses con
caídas significativas. La corrupción e impunidad sigue siendo una gran deuda.
Pese a denuncias documentadas, no hay voluntad de investigar ni sancionar,
erosionando la confianza ciudadana y la credibilidad del gobierno.
El sistema de salud vive una grave crisis: el desabasto de
medicamentos persiste y 34.2% de la población (44.5 millones de personas)
carece de servicios médicos.
La salud y la educación, con un marco de rezago, muestran una
tendencia de retrocesos en el acceso efectivo de derechos sociales, lo que
consolida la inamovilidad social y cancela oportunidades de desarrollo para las
nuevas generaciones.
Finalmente, prevalece la falta de apertura al diálogo con
todos los actores sociales y políticos.
La democracia requiere
inclusión y consensos, no decisiones unilaterales.
La ausencia de diálogo
tripartito con Empresarios y Trabajadores limita la construcción de acuerdos
para enfrentar juntos los retos nacionales.
Oportunidades y desafíos A pesar de los retos, vemos
oportunidades para fortalecer el rumbo del país. La relación con Estados Unidos
y la próxima revisión del T-MEC deben ser una palanca para consolidar el
nearshoring y atraer inversiones estratégicas.
Pero no son la única
ruta: el Plan México, al orientar inversión pública y privada hacia sectores
productivos y regiones con alto potencial, representa una dirección correcta
para detonar el mercado interno y fortalecer a las MiPyMEs, verdadero corazón
de nuestra economía. Para que esta estrategia sea viable, México debe
garantizar seguridad, energía y certeza jurídica.
Consideramos que la reforma electoral que se va a proponer es
innecesaria y riesgosa en un entorno de incertidumbre global, con la revisión
del T-MEC en puerta y amenazas comerciales que golpean a nuestra economía y el
reto adicional de mantener el equilibrio fiscal hacia 2026.
Este tipo de iniciativas generan polarización, restan
estabilidad y debilitan instituciones clave para la democracia, en lugar de
atender las prioridades económicas y sociales que hoy exige el país.
El dinamismo laboral y la reducción de la pobreza mediante
empleos formales pueden consolidar un círculo virtuoso de productividad,
salarios dignos y crecimiento incluyente. El mejor programa social es el empleo
formal y la Nueva Cultura Salarial debe seguir como pilar para garantizar
estabilidad.
Propuestas de COPARMEX En este balance reafirmamos nuestra
visión y presentamos propuestas concretas:
• Fortalecer el Estado de Derecho. Urge certidumbre jurídica,
respeto a la autonomía de órganos constitucionales y un sistema judicial
eficiente y transparente que atraiga inversión y fomente crecimiento. Para
ello, proponemos: implementar una Evaluación Nacional Independiente con
participación de academia y OSC; fortalecer la Carrera Judicial privilegiando
mérito y formación continua; y establecer criterios claros de evaluación con
acceso público a información de los candidatos.
• Garantizar seguridad
y paz social. Es indispensable asignar más recursos financieros y humanos a las
corporaciones policiales y de procuración de justicia, así como establecer
mesas de diálogo sobre seguridad y extorsión, para reducir la impunidad y
garantizar la tranquilidad de las familias y la viabilidad de las empresas.
• Priorizar el combate a la corrupción. Se requiere
investigación, sanción y rendición de cuentas sin excepciones. La transparencia
debe regir en todos los niveles.
• Impulsar la inversión en salud. Debemos garantizar
suficiente presupuesto para que existan servicios médicos de calidad, con
abasto suficiente, infraestructura adecuada y personal capacitado.
• Incentivar la educación con enfoque en la calidad y el
aprendizaje. Es fundamental garantizar que el sistema educativo forme
ciudadanos con las competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro,
poniendo especial atención en reducir el rezago y elevar de manera sostenida
los resultados de aprendizaje.
• Consolidar el diálogo tripartito. La coordinación entre
Gobierno, Empresarios y Trabajadores es clave para alcanzar acuerdos que
fortalezcan la estabilidad, crecimiento y empleo.
• Replantear la reforma electoral. Llamamos a construir
consensos amplios con todas las fuerzas políticas y sociales, evitando
retrocesos que debiliten la democracia y la confianza en las instituciones.
De manera transversal, planteamos como llamado central
impulsar el Diálogo Social como vehículo para construir consensos y soluciones
a los distintos retos políticos, económicos y sociales, en una perspectiva de
desarrollo inclusivo. Esta es la única manera de generar políticas públicas que
impulsen la inversión, fortalezcan la creación de empleo formal, incrementen
los salarios y eleven la productividad. México puede consolidarse como un país
atractivo, competitivo y con justicia social, si se privilegia el diálogo, la
certeza jurídica y el respeto institucional.
En COPARMEX reiteramos nuestra disposición a colaborar con
propuestas, actuar con responsabilidad y contribuir activamente al desarrollo
inclusivo de nuestro país.
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