Tepic, Nayarit a 26 de Febrero del 2014.
(Primer Parte)
Pensemos: en este planeta azul, menos del
l2.5% de nuestra agua es dulce, menos del 33 %
del agua dulce fluye, menos del 1.7% del agua que fluye discurre por cauces. Y hemos estado obstaculizando incluso estos.
Hemos represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa sin precedente de uno
por hora, y en dimensiones también sin precedentes de más de 45,000 represas de
una altura de más de cuatro pisos
Comisión Mundial
de Represas (2000)
Frente a los
reiterados anuncios del Gobierno Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno del
Estado, sobre la eventual construcción del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”,
quienes conformamos Sentipensante Grupo de Opinión, hemos decidido expresar nuestras
consideraciones sobre este tema fundamental para la vida del estado de Nayarit.
Lo hacemos reconociendo que la posibilidad de edificar una cuarta presa de
Nayarit representa una problemática muy compleja, que si bien es anunciada como
una iniciativa de desarrollo económico para el estado, su impacto ambiental,
cultural, socioeconómicos y políticos requieren un análisis bien informado, con
la profundidad y el conocimiento especializado requerido, pero también con la
amplia participación social que amerita el caso, para dar vida a un verdadero
proceso de deliberación demócrata.
En los últimos
40 años, la construcción de presas en México ha estado caracterizada por una visión
unilateral de desarrollo cuyo rasgo esencial es el aprovechamiento y despojo de
patrimonios que pertenecen a los pueblos y comunidades. Los actos concretos en
que esto se a traducido implican como constate la discriminación contra los
pobres, el desplazamiento y dispersión de las comunidades indígenas e incluso
la represión con los afectados por dichas obras. A pesar de que los proyectos
de este tipo son presentados desde las autoridades gubernamentales como iniciativas
de “desarrollo”, crecimiento económico o bienestar genera, en probadas
ocasiones las presas hidroeléctricas son aprovechadas por intereses privados
nacionales y transnacionales, para la operación
de complejos turísticos o industriales de exportación de cultivos, que implica una enorme demanda de energía y agua,
y que representa la privatización creciente del patrimonio hídrico, en
detrimento de agregados poblacionales cada vez mayores.
Por lo tanto, son proyectos de supuesta utilidad pública, pero terminan promoviendo un beneficio
preponderante privado, acarreando en cambio, severos impactos ambientales,
socioculturales y humanos para los pueblos de Guerrero, Jalisco, Veracruz y
Sinaloa, por mencionar los más recientes, se oponen a la construcción de presas
en sus territorios, pero la negativa no circunscribe a nivel nacional; tanto en
Estados Unidos como en la Unión Europea, la tendencia del marco legal hará que
ya no sea posible construir este tipo de proyectos – Como el caso de la presa
de Aguamilpa, el Cajón, la Yesca y ahora las cruces-, además de estar en marcha
un proceso de demolición de las ya construidas, puesto que hoy se sabe, su construcción
y operación conlleva una numerosa lista de impactos y efectos indeseados que
son multidimensionales, muy severos y prologados, que superan los supuestos
efectos positivos de su operación.
En
particular, para Nayarit, los impactos negativos de la presa de Aguamilpa, cuyo
inicio de operaciones fue en 1994, aún siguen apareciendo en la costa norte del
estado, donde se ha producido aún importante erosión en el cauce del rio y en la playa, debido a
la retención de sedimentos por la presa, una salinización de las tierras de cultivos
por la resultante penetración de la cuña salida y una reducción de hasta en un
80% de los nutrientes en sedimentos que el río Santiago llevaba en su camino al
mar, lo que ha tenido una repercusión negativa en la productividad de la zona,
y la muerte de miles de hectáreas de manglar, igualmente persisten demandas jurídicas
en curso interpuesta por los afectados por la construcción de las obras de El Cajón y la Yesca, debido a la forma
irregular en que se efectuó el cambio de uso de suelo y la expropiación de las
tierras para construir la obra, así como a las irregularidades en el proceso de
indemnización de los comuneros de esas zonas.
Un asunto
que nos preocupa de manera singular, son los recientes eventos en los poblados
de la zona, donde se han aprobado en asambleas comunales el cambio de uso de
suelo y la expropiación de terrenos para la construcción de la obra, los cuales
han transcurridos plagados de irregularidades, tal y como diversos medios
informativos lo ha dado a conocer; se ha registrado la presencia de personajes
partidistas oficialista y de funcionarios de gobierno cuya influencia resulta
igualmente intimidatoria; se ha procedido a prometer obras y beneficios
materiales a cambio de la aprobación de la obra; se ha hecho aprobar en las
votaciones acuerdos distintos a los estipulados en las actas, los cuales además
están redactados en términos difícilmente compresibles para los comuneros indígenas
y para cualquier individuo ajeno al lenguaje técnico hiper-especializado. Todo ello representa la violación
flagrante de derechos culturales y
territoriales de los pueblos originarios plasmados en convenios internacionales
signados por el gobierno mexicano y que,
por tanto, tienen fuerza de ley en estos casos (convenio internacional de la
OIT; Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos indígenas, Convención
Americana de Derechos Humanos entre otros).
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