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La inseguridad carretera ya genera
pérdidas económicas, riesgos para Transportistas y daño a la competitividad.
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Los bloqueos evidencian un problema
nacional que frena la producción, la inversión y el empleo.
Los bloqueos carreteros
realizados durante esta semana por la Asociación Nacional de Transportistas
(ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la profundidad de un
problema que se extiende por todo el país. Por ello, desde la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX), junto con nuestros 71 Centros
Empresariales, subrayamos la urgencia de atender una problemática que se ha
vuelto insostenible para la actividad productiva.
De acuerdo con el sondeo
realizado entre nuestros Centros Empresariales, 33 de 55 ciudades y regiones
participantes reportan afectaciones directas en carreteras, aduanas
fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco,
Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango,
Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo
del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave. Estas interrupciones ya
generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas
que dependen del flujo continuo de mercancías.
Respaldamos las demandas
planteadas por transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan
diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo
su integridad y su patrimonio. Su llamado a contar con condiciones mínimas de
seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha
normalizado a niveles inaceptables.
Al mismo tiempo, enfatizamos que
estos reclamos requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las
autoridades. La gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad
en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y
las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia.
La inseguridad en carreteras no
solo afecta al transporte de carga; compromete la operación de cadenas
productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional
y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales. Sin rutas
seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se
frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. A esto
se suma la ausencia de instituciones financieras que realmente apoyen al campo,
pues hoy no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que
permitan a los productores sostener su actividad frente al incremento de costos
y la volatilidad del mercado.
El desafío exige coordinación
real. Llamamos al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a trabajar
juntos en un esquema inmediato que incluya vigilancia efectiva en tramos de
alto riesgo, atención a denuncias por extorsión, operación funcional de trámites
indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que
involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Ninguna
solución será sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los
factores que originan estos conflictos.
También reiteramos nuestro
llamado firme al Gobierno Federal para ofrecer soluciones efectivas a la crisis
que enfrentan productores agrícolas en distintos estados, particularmente por
el precio pagado por la tonelada de maíz, el cual no cubre los costos
necesarios para sostener la operación de los agronegocios.
Esta problemática ya genera
afectaciones directas a socios y socias de Centros Empresariales COPARMEX,
quienes han visto disminuidos sus ingresos y comprometida la viabilidad de sus
empresas ante la ausencia de apoyos reales que permitan mantener operaciones,
preservar empleos y contribuir al desarrollo económico regional.
Consideramos indispensable que
las autoridades instalen una mesa nacional de diálogo con participación de los
sectores afectados y con una representación equilibrada de los estados donde la
situación es más grave. Esta mesa debe generar compromisos claros, con plazos
verificables, inversión suficiente, operación coordinada y criterios homogéneos
que garanticen un entorno seguro para quienes trabajan en la producción
agrícola, el transporte y la logística.
Llamamos a las autoridades a
establecer una comunicación efectiva que permita restablecer de inmediato la
libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes alzan la voz por
condiciones dignas de seguridad. Las soluciones deben construirse con diálogo,
eficacia y resultados verificables, evitando que el país siga perdiendo
competitividad por causas que pueden resolverse con determinación y
coordinación.
México no puede permitirse rutas
estratégicas paralizadas, cadenas logísticas vulnerables y afectaciones a los
productores del campo cuya actividad es la base de la soberanía alimentaria.
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