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· Reconocemos la iniciativa para
postergar la elección judicial a 2028 y perfeccionar mecanismos de evaluación y
selección de perfiles judiciales.
· Esta propuesta coincide con planteamientos impulsados
previamente por COPARMEX para evitar mayores riesgos operativos y de
legitimidad.
· México requiere fortalecer el Estado de Derechos y la
confianza institucional y la certeza jurídica para generar inversión,
competitividad y desarrollo sostenible. La propuesta anunciada por el Poder
Ejecutivo para postergar a 2028 la elección judicial federal y local abre una
nueva etapa en la discusión sobre el futuro del sistema de justicia en México.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) hemos sostenido que cualquier ajuste relacionado con el Poder
Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la
legalidad. Reconocemos que la propuesta de postergar la elección judicial a
2028 es un avance y coincide con el planteamiento que previamente impulsamos
desde COPARMEX, precisamente con el objetivo de evitar mayores riesgos de
organización, reducir complejidades logísticas y generar condiciones más adecuadas
para una revisión integral del proceso. También consideramos positivo que se
abra espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de
perfiles judiciales.
La creación de una Comisión Coordinadora para homologar
criterios de evaluación entre los tres Poderes representa una oportunidad
relevante para fortalecer estándares técnicos, transparentar procesos y
privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a impartir justicia.
Además, la incorporación de evaluaciones de conocimientos, competencias y
antecedentes puede contribuir a recuperar confianza institucional, siempre que
exista plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana. Nuestro país requiere
perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada,
trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de
alta complejidad.
Si elevamos los
estándares, se contribuirá a fortalecer la carrera jurisdiccional, se
dignificará la función judicial y se podrá garantizar que la impartición de
justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional.
Si queremos consolidar un sistema judicial confiable, se requiere privilegiar
la excelencia y la especialización por encima de criterios políticos o de
popularidad. Asimismo, la reducción del número de candidaturas y la simplificación
de las boletas electorales atienden parte de las complicaciones identificadas
durante el proceso anterior. Sin embargo, insistimos en que cualquier
modificación debe garantizar que la ciudadanía cuente con información
suficiente y condiciones que permitan un voto informado y responsable.
La legitimidad del
sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de
la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos
jurisdiccionales. La experiencia observada durante la elección judicial de 2025
evidenció diversas áreas susceptibles de mejora.
La baja participación ciudadana, las inconsistencias
operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación
secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de
perfiles y candidaturas pusieron de manifiesto la necesidad de replantear
distintos componentes del modelo. Todo ello, con el objetivo de preservar la
independencia judicial y fortalecer el Estado de Derechos. En este contexto, y
ante el anuncio del Gobierno de la República sobre una eventual discusión de ajustes
en el Congreso de la Unión, consideramos indispensable promover un diálogo
abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que
enriquezcan el texto final de la iniciativa. Las reformas al sistema judicial
tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la
competitividad y la estabilidad democrática del país.
México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables
que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las
familias mexicanas. Frente a un entorno internacional complejo, marcado por
presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del T-MEC, el
país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones
internas de confianza.
La consolidación del
Estado de Derechos es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo
y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta
México.
En COPARMEX reiteramos nuestra disposición a participar
activamente en la construcción de propuestas que fortalezcan la independencia
judicial, la carrera jurisdiccional y la confianza institucional. México
necesita reformas que consoliden contrapesos, fortalezcan la legalidad y
garanticen justicia imparcial para todos. Sin certeza jurídica no existe
desarrollo sostenible ni viabilidad económica.
