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Desde
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que
la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía,
protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello,
la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y
generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante
es atender los desafíos que enfrenta el país.
En el
contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y
externa, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y
paz en el país para generar las condiciones necesarias para la inversión,
insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e
inoportuna.
La
pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en
un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de
seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con
socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derechos.
Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y
resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división.
A ello
se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La
confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la
estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para
garantizar condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera debilitamiento
de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones
incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la
creación de empleos.
Además,
este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales
asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones
libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de
negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global
México-Unión Europea. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su
legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social.
Cabe
destacar que, desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano se
ha construido mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes,
impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las
fuerzas políticas, a través del diálogo y la construcción de consensos. Las
reformas que dieron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la
pluralidad no fueron concesiones del poder, sino conquistas sociales.
Este proceso permitió que México
avanzara hacia un sistema electoral que ha proporcionado estabilidad política,
alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Es un
modelo perfectible, pero ha demostrado su relevancia como uno de los pilares
del desarrollo democrático nacional.
Hoy enfrentamos un contexto
distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de
reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que
deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.
Estamos seguros de que las leyes
electorales deben respetar cinco pilares democráticos construidos desde la
sociedad y reconocidos universalmente:
·
Autonomía de las autoridades encargadas de
organizar las elecciones, con independencia real, capacidad operativa
suficiente y una estructura profesional y confiable de carácter permanente y no
improvisada.
·
Pluralidad legislativa que refleje la
diversidad política y social del país.
·
Fiscalización sólida y efectiva que garantice
condiciones equitativas de competencia.
·
Inclusión de minorías, evitando barreras que
limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas.
·
Certeza jurídica, con reglas claras, estables y
previsibles.
En el caso específico de la
reforma electoral, esta debe surgir como resultado de consensos ciudadanos,
diálogo democrático y respeto a las instituciones.
Cuidar el sistema electoral
implica actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los
desafíos urgentes que hoy afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo
del país.
COPARMEX reitera su disposición permanente al
diálogo respetuoso y a la construcción de acuerdos que fortalezcan la
democracia, siempre con responsabilidad y visión de largo plazo.
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