· Urge atender la extorsión con inteligencia, protocolos
eficaces y legislación específica para frenar uno de los delitos más lesivos
para las empresas.
· Es necesaria una reforma al artículo 73 constitucional para
expedir una Ley General de Extorsión que permita coordinar de forma eficaz la
persecución del delito en todo el país.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el
Gobierno Federal, representa un paso indispensable frente a un delito que
afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de
personas. Valoramos que se promueva una respuesta coordinada entre la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Marina, la FGR,
la Guardia Nacional y el CNI. Sin embargo, pese a que desde la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) coincidimos en la urgencia de esta
iniciativa, advertimos que, para que tenga un impacto real, debe acompañarse de
reformas legales profundas que garanticen su efectividad.
Respaldamos el anuncio de la presidenta de México sobre la
presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión para el próximo
periodo ordinario. Desde septiembre de 2023 impulsamos una reforma al artículo
73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la
materia. Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular
acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas
puertas giratorias. Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará
esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional.
Los datos reflejan con contundencia la gravedad de esta
problemática: en nuestro país; cada día 32.3 personas son víctimas de
extorsión1, lo que en conjunto ha generado pérdidas superiores a 26 mil
millones de pesos en 20242. En nuestra Comisión Nacional de Seguridad y
Justicia hemos impulsado, desde hace años, propuestas para enfrentar este
delito, y recientemente, a través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de
nuestros socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica
(70.5%). Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5% de
nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para
crecer3.
La creación de Unidades Antiextorsión locales como una medida
necesaria, resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes
aplicables y capacidad de respuesta inmediata. Asimismo, coincidimos en la
importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes
que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y
que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento. En
particular, consideramos urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de
extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.
Es indispensable que los protocolos nacionales de atención a
víctimas estén adaptados a las realidades regionales. Un solo modelo no basta
para una nación tan diversa. En entidades donde la extorsión telefónica
predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y
protección. En zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”,
deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las
comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido.
La estrategia debe prever atención especializada para
víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se
concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo
padecen. Por eso es fundamental contar con operadores del 089 capacitados en
manejo de crisis, con la posibilidad de usar también canales digitales para una
atención más efectiva y discreta.
Además, las Mipymes son la base de nuestra economía y generan
el 65% de los empleos formales en México. Sin embargo, son las más afectadas
por la extorsión, ya que tienen menos recursos para protegerse. Por eso, la
estrategia contra este delito debe incluir apoyo especial para ellas, como
atención rápida, asesoría legal y programas de prevención, para que puedan
seguir creciendo sin miedo.
Coincidimos en la importancia de acompañar la estrategia con
campañas de prevención, pero también con una visión de largo plazo que
reconstruya el tejido social. La educación en valores y legalidad es el
cimiento para generar nuevas generaciones que rechacen la violencia como medio
de vida. La prevención no debe limitarse a informar, sino que debe sembrar
convicciones éticas que fortalezcan la convivencia y el Estado de Derechos.
Seguiremos colaborando activamente en la construcción de
soluciones que protejan a las personas, a las empresas y al país. La extorsión
no puede seguir siendo parte de la normalidad. Estamos convencidos de que solo
mediante la coordinación institucional, la legislación adecuada, la atención
integral a las víctimas y una estrategia de prevención con visión social,
lograremos construir un México donde la seguridad no sea excepción, sino regla.
Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión, y sin legalidad
no hay futuro
No hay comentarios:
Publicar un comentario