Movimiento Naranja presentó una queja ante el INE contra
Morena y quienes resulten responsables por actos anticipados de precampaña y
campaña, derivados de la estrategia de las llamadas “Coordinaciones Estatales
de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.
El argumento central es que Morena estaría utilizando estas
coordinaciones como un mecanismo anticipado de selección y posicionamiento de
quienes eventualmente competirán en las elecciones de 2027. Aunque formalmente
se presentan como cargos partidistas, la queja sostiene que materialmente
existe selección de perfiles, presentación pública, difusión de su trayectoria,
trabajo territorial y promoción ante la ciudadanía antes de los tiempos
legales.
Entre los principales casos denunciados están:
- Nora Ruvalcaba, Aguascalientes: fue presentada como
coordinadora y habló expresamente de que terminó la “competencia interna” y
comienza el proyecto que “verá su luz en 2027”. Incluso un senador de Morena
reaccionó públicamente con “Nora Gobernadora”.
- Pablo Gutiérrez Lazarus, Campeche: Citlalli Hernández
reconoció públicamente que su designación forma parte de un “proceso
organizativo” rumbo a la elección de 2027 y mencionó los procesos internos de
Morena y sus aliados.
- Rosi Bayardo, Colima: además de su designación y promoción
territorial, en una entrevista afirmó: “Ya soy candidata”, lo que la denuncia
considera una evidencia especialmente clara de la naturaleza electoral de la
coordinación.
- Geraldine Ponce, Nayarit: se denuncia que anunció
recorridos y asambleas en los que regalará muñecas con su imagen —las
“Geraldinitas”—, consideradas propaganda para posicionar anticipadamente su
persona.
- Santiago Nieto, Querétaro, e Imelda Castro, Sinaloa:
también fueron presentados el 26 de agosto como coordinadores estatales,
acompañados de difusión de su imagen, trayectoria y mensajes políticos
vinculados con el trabajo territorial rumbo a 2027.
La queja también plantea que Morena estaría financiando con
recursos partidistas ordinarios una estrategia que materialmente beneficia el
posicionamiento electoral de futuras candidaturas. Por ello, se pide investigar
el origen, destino y registro de los recursos utilizados.
Finalmente, se solicitan medidas cautelares y tutela
preventiva para detener la continuación de estos actos de promoción y evitar
que las personas seleccionadas sigan acumulando una ventaja anticipada frente a
otras fuerzas políticas. Se trata de una estrategia coordinada, sistemática y
reiterada, y que el nombre de “coordinaciones” no cambia la naturaleza material
de los actos.

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