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En Coahuila y Chiapas se detectan modalidades de violencia política contra las mujeres
Diversas instituciones del Estado mexicano unen esfuerzos para prevenir la violencia política contra las mujeres y trabajan coordinadamente en Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México, entidades con Proceso Electoral en 2017, para garantizar que las mujeres ejerzan con plenitud su derecho a participar, a ser postuladas como contendientes a un cargo de elección popular y a ejercerlo hasta el fin de su mandato.
El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), participaron en una reunión interinstitucional para abordar los casos de violencia política contra las mujeres, en donde ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar estas conductas.
La Consejera Electoral Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos detectados en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.
"Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación", dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como sindicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.
Sin embargo, "hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar".
La Consejera Electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada en el seno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) fue aprobado un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.
"Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscaran un recoveco para no cumplir", agregó Favela Herrera.
La Magistrada Mónica Aralí Soto, de la Sala Superior, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.
Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. "Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales", señaló.
Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.
El público objetivo, dijo la Magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.
A la reunión también asistieron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto; la Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Gabriela Williams; la Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Soto; representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.
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