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• A los imputados se les vinculó a proceso por diversos
delitos
Tepic, Nayarit; viernes 15 de abril de 2022.- La Fiscalía
General del Estado logró auto de vinculación a proceso contra José Luis “N”,
Humberto “N”, Aldo Emanuel “N” y Alberto Efraín “N”, al primero por su probable
intervención en hechos que la ley señala como delito de falsificación de
certificación, a Humberto "N" por su presunta participación en hechos
que la ley configura como delitos de falsificación de documentos y cohecho, en
tanto a los otros dos por su presunta responsabilidad en la comisión de los
delitos de cohecho, registro e inscripción de inmuebles y ejercicio indebido de
funciones, cometidos en agravio de Registro Público de la Propiedad y el
Comercio del estado de Nayarit, Catastro e Impuesto Predial Municipal de Tepic
y de la sociedad.
Sobre los hechos, se tiene conocimiento que ocurrieron en el
mes de septiembre del año 2020, cuando una persona de sexo masculino comentó a
Humberto “N” -quien fungía como su abogado desde años atrás-, que quería
obtener la propiedad de un inmueble ubicado en la colonia Cuidad Industrial de
esta ciudad, del cual tenía la posesión desde hacía aproximadamente once años,
contestando el abogado litigante que podía solucionarlo. Posteriormente, el día
13 de octubre del año 2020, Humberto “N” citó a su cliente y a tres testigos en
su despacho, lugar donde elaboró un contrato de donación al cual modificó la
fecha de su elaboración, plasmando como fecha el día 2 de febrero del año 2014
y asimismo, al realizar el documento, le atribuyó a una persona de sexo
masculino la calidad de dueño del bien inmueble, para que se pudiera hacer una
supuesta donación, estando en ese lugar al momento de la donación personal de
una notaría, con la finalidad de darle formalidad y obtener la propiedad del
bien inmueble. Fue así que el mismo día 13 de octubre de 2020, José Luis “N” en
su carácter de Notario Público suplente, certificó hechos que no eran ciertos.
Posteriormente, a principios del mes de junio del año 2021,
Humberto “N” buscó a un trabajador de las oficinas de Catastro Municipal para
que lo ayudara con la inscripción de la escritura pública, diciéndole que le
entregaría la cantidad de $190,000.00 para hacer algo ilícito como lo era
inscribir y registrar la escritura pública en Catastro Municipal y Registro
Público, por lo que este trabajador a petición del abogado Humberto “N” propuso
a Alberto Efraín “N”, quien fungía como Jefe del Departamento de Catastro, para
que realizara el trámite correspondiente con el objeto de que se generara la
clave catastral y a cambio le entregarían la cantidad de $110,000.00, y
teniendo conocimiento que podían resultar afectados los intereses de Catastro e
Impuesto Predial de Tepic, se omitió informar a la entonces directora y
posteriormente Aldo Emanuel “N”, quien era Jefe del Departamento de Control y
Registros del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, realizó el
trámite de la inscripción del registro de la escritura pública, para lo cual
recibió la cantidad inicial de $15,000.00 pesos y posteriormente otros
$15,000.00, para que realizara el registro correspondiente, esto sin verificar
que se cumpliera los requisitos; es decir, que previamente exista el derecho
inscrito de la persona que otorgó el título.
La Agencia del Ministerio Público expuso los elementos de
prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ante el Juez de Control,
quien vinculó a proceso a José Luis “N” por el delito de falsificación de
certificación, así como también vinculó a proceso a Humberto “N” por los
delitos de falsificación de documentos y cohecho, e hizo lo propio con Aldo
Emanuel “N” y Alberto Efraín “N” por los delitos de cohecho, registro e
inscripción de inmuebles y ejercicio indebido de funciones.
Además, se estableció como medidas cautelares garantía
económica, firma periódica quincenal, restricción para salir del país y
prohibición de acercarse a los testigos, y a Humberto "N" se le
suspendió de su función como abogado. En el caso del exnotario y el abogado
litigante, la autoridad judicial estableció un plazo de 6 meses para el cierre
de las investigaciones complementarias, en tanto para los exfuncionarios del
Registro Público de la Propiedad y el Comercio se fijó un plazo de 2 y 3 meses,
respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias.
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