Cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el
Estado de Derecho en nuestro país. Los ciudadanos no podemos permitir que esto siga
sucediendo.
El
poder y las acciones de un gobierno están limitados y regulados por las leyes y
normas, que deben ser aplicadas de manera justa e imparcial a todos los
ciudadanos por igual.
El
Estado de Derecho es ese conjunto de normas, pero también de
instituciones que las cumplen y velan por su correcta ejecución. Es un concepto
central en las democracias modernas y busca garantizar que todos los individuos
estén sujetos a la
ley, incluidos los funcionarios gubernamentales y quienes integran a las
diversas instituciones.
La
Constitución fundamentalmente
está pensada
para acotar lo más posible al
gobierno y darle la mayor libertad posible a los ciudadanos. Por lo tanto, si una
autoridad viola la Constitución, lo que está atacando es la
libertad y los derechos de todos nosotros.
Separación de poderes
La
separación de poderes es un principio fundamental en un Estado de Derecho y en
una democracia que busca evitar la concentración excesiva de poder en una sola
entidad o individuo. Este principio se basa en la división de las funciones del
gobierno en tres poderes independientes y equilibrados: el poder ejecutivo, el
poder legislativo y el poder judicial.
Hemos
sido testigos en los últimos meses de un hostigamiento reiterado al Poder
Judicial para desacreditar a sus integrantes y minar su reputación. Ante esa
embestida, desde COPARMEX y la sociedad civil hemos enviado múltiples mensajes de respaldo al Poder Judicial en su
conjunto, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
asi
como a los
magistrados y jueces que cumplen con su función pese a las presiones de índole política.
Celebramos, por ejemplo, que hayan dado marcha atrás a la militarización de la
Guardia Nacional y a la primera parte del Plan B de la reforma electoral porque
ambas disposiciones vulneran los derechos
de los ciudadanos.
La
separación de poderes es precisamente el mecanismo establecido en nuestra
Constitución
para tener
equilibrios, por lo que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden pretender
estar por encima del Judicial.
Desacato a mandatos judiciales
Muestra
de esta violación al orden constitucional que garantiza los equilibrios es el
desacato del Senado al mandato judicial para que se nombre a los 3 comisionados
faltantes en el INAI. El desacato ha sido reiterado, ahora con la negativa a
que se convoque a un periodo extraordinario para ello. El INAI que es una
institución clave para que los ciudadanos podamos gozar de nuestro derecho de
acceso a la información pública se
encuentra inoperante desde el 1º de abril, por lo que nuestro derecho no puede ejercerse por
un capricho de las autoridades y su insistencia de operar en la opacidad y
discrecionalidad que abren la puerta de par en par a la corrupción.
Además, es inconcebible que el mismo día en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la invalidez del Acuerdo
presidencial promulgado el 22 de noviembre de 2021 conocido como el “Decretazo” por medio
del cual el gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de
realizar sus proyectos prioritarios, el titular del Poder Ejecutivo revirara
esa decisión
del máximo
tribunal al emitir un nuevo Decreto por el que se declara, nuevamente,
de seguridad nacional las obras de infraestructura,
con
lo que evita que sus proyectos estén sujetos a la
transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana.
Ocupación temporal con el uso de las fuerzas armadas
La última y muy preocupante
señal por parte de la autoridad fue el Decreto firmado
el viernes 19 de mayo por medio del cual el Ejecutivo Federal declaró la
ocupación
temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de
las líneas
férreas
de Ferrosur ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz,
propiedad de un grupo privado y que forman parte del Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec. Con ello, las Fuerzas Armadas ocuparon de forma
sorpresiva e inmediata instalaciones que estaban concesionadas a particulares.
La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en
cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y
garantías para su derecho de audiencia; No obstante, la acción de la autoridad
debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una
arbitrariedad.
Coincidimos
con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones
menos favorecidas pero debe ser mediante el diálogo como pueden resolverse los
problemas. Solo con el diálogo es posible llegar a acuerdos con los que ganen
todos los mexicanos.
El llamado de COPARMEX
Es
de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la
legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y
cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la
autoridad se pretenda romper con ello.
Los primeros en acatar la ley, porque así lo
juramentaron, deben ser los servidores públicos. La señal que envía el gobierno de México al exterior es
muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y
a la confianza para la inversión;
sobre
todo, frente a una oportunidad
única como lo es el nearshoring.
La
ley es la ley, y la división de poderes debe prevalecer.
El
manejo de las finanzas públicas ha sido positivo, por lo que estos mensajes
erróneos podrían tirar por la borda esos esfuerzos y acercar a México a una crisis.
Nuestro
llamado es enérgico, es mucho lo que se está poniendo en riesgo. Se trata de
los derechos de los mexicanos, se trata de las inversiones que tanto necesita
el país para generar empleos y llevar ingresos a las familias, se trata de
nuestra democracia.
Exigimos
que se respete el Estado de Derecho. Exigimos que se acaten las resoluciones de
la SCJN.
Exigimos
que la justicia se aplique en todo el país.
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