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• Estas votaciones
fueron la muestra de que una reforma sin consenso genera desconfianza y
debilita al Estado de Derecho.
• La escasa participación confirma que este modelo electoral
no responde al interés ciudadano.
• COPARMEX mantendrá la observación ciudadana como
herramienta de vigilancia democrática para evitar la captura del Poder Judicial
y el riesgo en elecciones futuras.
Este domingo 1 de junio se llevó a cabo una elección inédita
en la historia del país: la designación por voto directo de Jueces, Magistrados
y Ministros.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) hemos seguido de cerca este ejercicio y, como anticipamos desde que
inició la discusión de la reforma judicial, se trató de un proceso que no
atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el
fortalecimiento institucional que México requiere. Nuestra posición es clara:
Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para
futuros procesos electorales. No debe sentar precedentes para justificar
recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la
logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de
una elección con poco tiempo, entre otros problemas.
Estamos seguros de que las condiciones que observamos hoy
durante la jornada electoral, atentan contra la verdadera democracia, los
derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos
electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo
a la ciudadanía.
El papel que asumimos como observadores electorales nos ha
permitido constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la
legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad. A lo largo de la
jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación
ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas
y hasta compra de votos en algunos municipios.
En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y
mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un
ejercicio auténticamente libre y razonado. Desde que se anunció la reforma en
febrero de 2024, y su aprobación en septiembre del mismo año, se argumentó que
esta iniciativa respondía a una demanda ciudadana, que el pueblo quería elegir
a sus jueces, y que la elección sería una muestra de legitimidad popular.
Sin embargo, la baja
asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta
elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición
política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones
y que permea en la inversión y confianza como país.
En los próximos días, desde COPARMEX continuaremos
sistematizando los hallazgos y daremos seguimiento puntual al cómputo
distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que
pudiera surgir. Consideramos que las irregularidades detectadas vulneran los
principios democráticos y evidencian los riesgos que señalamos desde un
principio: una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin
consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles.
Lo que debía ser una
transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en
un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la
profesionalización y la meritocracia. Esta elección no representa el camino
correcto para lograr justicia en México. Un sistema que nombra juzgadores sin
transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de
información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso.
La justicia no puede
ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja
participación de los ciudadanos.
La verdadera legitimidad se construye con preparación,
imparcialidad y ética. Defendemos que sin justicia independiente no hay
inversiones sostenibles.
México no puede
aspirar a un desarrollo sin legalidad. La justicia debe ser autónoma,
profesional y confiable.
Quienes resulten electos o designados deben actuar con
independencia y apego a derecho. De lo contrario, no habrá confianza ni
inversión que aguante. Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del
país.
Porque lo que está en juego no es una elección, sino el
modelo democrático que México ha construido por décadas. En la Confederación
reiteramos que esta no es la reforma que el país necesita y ya está teniendo
consecuencias.
Cada vez más empresas transnacionales están optando por
recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias,
abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia
local.
Y el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMEs), que quedarían completamente desprotegidas frente a
un sistema judicial politizado o ineficiente.
En COPARMEX no nos quedaremos en la denuncia y señalamientos.
Como parte de nuestro compromiso con México, trabajaremos en una propuesta de
reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas
internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y
actores del sector productivo.
Nuestro objetivo es impulsar un sistema que realmente
garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia.
Nos mantendremos como observadores permanentes del desempeño del nuevo modelo
judicial. Evaluaremos periódicamente su operación, emitiremos informes
independientes y continuaremos alzando la voz frente a cualquier intento por
debilitar la justicia en nuestro país. Sin un Poder Judicial autónomo,
confiable y eficiente, no habrá inversión sostenible, seguridad jurídica ni
futuro para México.
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