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Los impuestos estatales afectan a MiPyMEs y reducen la creación de
empleo.
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Al menos en 16 estados se observan presiones fiscales adicionales,
ya sea por incrementos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) o por nuevos
gravámenes.
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En Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León
se registran modificaciones directas al ISN, mientras que Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa,
Veracruz y Yucatán presentan otros ajustes e impuestos locales sin cambios en
la tasa del ISN.
Desde
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que
los incrementos a impuestos estatales —en particular al Impuesto Sobre Nómina
(ISN)— están debilitando la competitividad regional y frenando el crecimiento
de las MiPyMEs, así como el de las Empresas medianas y grandes que operan en
mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar
decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países.
Ningún
estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar
transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e
infraestructura que impacten directamente en la competitividad y en el
bienestar de la región, además de un entorno que brinde seguridad, energía
suficiente y certeza jurídica para que las Empresas inviertan y sostengan
empleos dignos y formales.
Estos
incrementos se están discutiendo y aprobando en el marco de los Paquetes
Fiscales 2026 de las entidades federativas, donde se han presentado iniciativas
para elevar el Impuesto Sobre Nómina y otros gravámenes locales ya existentes,
así como para crear nuevas contribuciones que inciden directamente en la
operación de las MiPyMEs y en la creación de empleo formal.
En
los últimos años, las entidades federativas han enfrentado una presión
financiera creciente originada por recortes en las transferencias federales y
por el aumento de nuevas responsabilidades que antes pertenecían a la
Federación. Esta combinación de menores recursos y mayores obligaciones ha
llevado a los Gobiernos Estatales a buscar fuentes adicionales de recaudación,
principalmente mediante la creación de nuevos gravámenes o el aumento de
impuestos locales.
A
partir del sondeo realizado entre nuestros 71 Centros Empresariales, con
presencia en 32 entidades, identificamos que, a la fecha, se han presentado 31
Paquetes Económicos Estatales, de los cuales varios contemplan aumentos o
creación de impuestos.
En
materia de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se detectan incrementos directos en
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con
ajustes que van de 2% a 3% o de 3% a 4%, lo que implica un aumento considerable
en la carga sobre el empleo formal. Además, el Centro Empresarial de Sinaloa ha
advertido que, en Ahome, el predial puede incrementarse de 2.5% hasta 4% según
el valor del inmueble, elevando también la carga municipal sobre las Empresas.
Por
su parte, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no modifican su tasa del ISN, pero sí
registran otros gravámenes o ajustes relevantes, como nuevos derechos,
incrementos al predial, contribuciones sectoriales o mayores cargas
administrativas. En el caso de Quintana Roo, el Estado mantiene sin cambios el
ISN, aunque enfrenta nuevas obligaciones regulatorias y derechos como el
VISITAX, que inciden en la operación del sector turístico y empresarial.
Identificamos
un patrón que se repite: mayores gravámenes sin una evaluación previa sobre la
eficiencia del gasto público ni una ruta clara de impacto económico. Lo
observamos en distintos Paquetes Fiscales estatales y municipales, donde se
replican propuestas de alza al Impuesto Sobre Nómina, al predial y a diversos
derechos locales, sin que exista una evaluación integral de su efecto en la
competitividad, la inversión y el empleo formal.
En
los estados mencionados, el Impuesto Sobre Nómina ha sido el principal foco de
incrementos o iniciativas. Este gravamen incide directamente en la contratación
formal y en la capacidad de las Empresas para sostener su planta laboral. Lo
observamos especialmente en Nuevo León, donde estudios de diversos Organismos
Empresariales muestran que un aumento del ISN afectaría al 94.2% de las
MiPyMEs, generando un incremento promedio del 6.6% en sus costos, lo que
forzaría a casi la mitad a elevar precios, detener inversiones o reducir
contrataciones. Cualquier alza en este impuesto encarece el empleo formal y
limita oportunidades para miles de jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral.
Ante
un contexto internacional marcado por mayores aranceles, incrementos en
insumos, competencia global agresiva y presiones regulatorias, imponer más
impuestos sin una visión estratégica profundiza los retos en productividad,
movilidad social y estabilidad regional.
Asimismo, las Empresas también han enfrentado en los últimos años
una creciente fiscalización y carga administrativa, además de absorber costos
que no forman parte directa de su giro, como seguridad, salud, transporte e
infraestructura básica. A ello se suman costos burocráticos derivados de
trámites y regulaciones que limitan la competitividad y la capacidad de
expansión empresarial. En este contexto, el incremento al salario mínimo se
incorpora como un costo más dentro de la estructura laboral. Un ajuste que,
aunque necesario y positivo para el desarrollo de los Trabajadores, implica
para las MiPyMEs y grandes Empresas la necesidad de adaptar sus márgenes y
productividad para sostener dicho compromiso.
Desde
el sector productivo reiteramos que incrementar impuestos sin consensos
técnicos ni procesos de consulta afecta no solo a las Empresas, sino al
sustento de millones de familias. El empleo formal es la vía más efectiva para
fortalecer el ingreso, garantizar acceso a vivienda, salud y retiro digno, y
reducir la exposición de la ciudadanía a los grupos que operan bajo la ley.
Cuando la formalidad se encarece, muchos negocios no resisten y se ven forzados
a moverse a la informalidad, donde Gobierno, Empresas y Trabajadores pierden
por igual.
Resulta
indispensable que los Gobiernos Estatales garanticen primero eficiencia
administrativa, transparencia verificable y disciplina en el gasto antes de
impulsar nuevos impuestos o incrementos a los existentes. En varios estados,
como lo han señalado organizaciones civiles, aún no se cumplen estándares de
Datos Abiertos ni se explican con claridad los proyectos a los que se destinan
los recursos. La discusión del Paquete Fiscal 2026 no es un tema aislado de un
estado o un municipio: es una tendencia que se repite en diversas entidades y
ayuntamientos con un mismo riesgo común: encarecer el empleo formal y restar
atractivo a México frente a regiones que compiten por inversiones nacionales y
extranjeras.
Hacemos
un llamado firme y constructivo a los congresos estatales para que las
discusiones fiscales de este año prioricen la competitividad regional y la
capacidad de las Empresas para invertir, innovar y generar empleos dignos bajo
un entorno de seguridad, energía suficiente y certeza jurídica. Veintisiete de
las treinta y dos entidades mantienen tasas de ISN iguales o menores al 3%.
Colocar a cualquier estado por encima de ese umbral lo deja en desventaja
frente a otras regiones que compiten por atraer inversiones nacionales y
extranjeras en el marco del T-MEC y el proceso de relocalización de cadenas de
suministro.
Solicitamos
que los presupuestos estatales privilegien servicios públicos de calidad,
infraestructura de largo plazo y proyectos estratégicos con impacto directo en
el bienestar y la productividad. También pedimos incrementar más la base de
contribuyentes y asegurar plena transparencia en su uso antes de cargar nuevas
obligaciones sobre quienes generan empleo formal.
En
COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con las MiPyMEs —el corazón de la
economía mexicana— y con la construcción de un entorno que impulse la
inversión, fortalezca el empleo formal y consolide el Estado de Derechos.
Proteger la competitividad no es una postura empresarial: es un compromiso con
las familias, con la estabilidad económica del país y con el México mejor que
queremos construir juntos.
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