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El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero,
participó en Bahía de Banderas en la inauguración de la LIV Asamblea Plenaria
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que por primera vez
tiene como sede a Nayarit y reúne a fiscales generales de distintas entidades
del país, autoridades federales y representantes de organismos nacionales e
internacionales para fortalecer la coordinación frente a los principales
desafíos en materia de procuración de justicia.
El mandatario estatal reconoció la presencia de la fiscal
general de la República y presidenta de la Conferencia, Ernestina Godoy Ramos;
de las y los fiscales generales participantes; representantes de la ONU-DH, así
como de autoridades de los poderes Legislativo y Judicial y de instituciones
federales. Destacó también el compromiso del Ejército Mexicano, la Secretaría
de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, y
refrendó el respaldo de Nayarit a la transformación que encabeza la presidenta
de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Navarro Quintero señaló que durante la Asamblea se abordarán
temas que exigen respuestas firmes y coordinadas, entre ellos la desaparición
de personas, el combate a la extorsión, el feminicidio y la profesionalización
de las instituciones de procuración de justicia. Subrayó que se trata de
problemáticas que trascienden fronteras y frente a las cuales ninguna autoridad
puede actuar de manera aislada.
La fiscal general de la República y presidenta de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Ernestina Godoy Ramos,
reconoció el trabajo realizado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero
en beneficio de Nayarit y destacó que la coordinación entre las instituciones
es indispensable para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción,
así como para avanzar en la construcción de la paz y fortalecer el Estado de
derecho.
Godoy Ramos señaló que esta Asamblea permitirá fortalecer las
atribuciones concurrentes y avanzar en la coordinación de acciones frente a la
desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, la
incorporación a la estrategia nacional contra la extorsión, el feminicidio y la
profesionalización y certificación de las instituciones de seguridad, con el
propósito de consolidar capacidades que permitan procurar justicia con mayor
eficacia y contribuir a la paz social.
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