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Las reformas aprobadas, permitirán acercar
la jurisdicción administrativa y fiscal a la población a través de una mayor
cobertura y accesibilidad.
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Nayarit se suma a los 15 Estados de la
República en donde la justicia administrativa es competencia del Poder
Judicial.
Tepic,
20 de noviembre del 2014.- Con el firme propósito de acercar la justicia
administrativa y fiscal a la población a través de una mayor cobertura y
accesibilidad, en Sesión Pública Ordinaria los representantes populares
nayaritas aprobaron por unanimidad el decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con
el objeto de armonizar la legislación con la competencia del Poder Judicial en
materia de jurisdicción administrativa.
La
justicia administrativa, se considera como el género en el cual queda comprendida
la jurisdicción para la solución de los conflictos entre la administración pública
y los administrados por conducto del proceso, de ahí la trascendencia de garantizar
las bases que permitan su cabal funcionamiento.
Con
la reforma a diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
armoniza lo que mandata la Constitución Política local, otorgando competencia
al Tribunal de Justicia para que por conducto de la Sala
Constitucional-Electoral conozca y ejerza la jurisdicción administrativa y fiscal
en la entidad.
Con
la aprobación de este decreto, se establece que al Poder Judicial le
corresponde ejercer atribuciones en materia de control constitucional local en
los asuntos de orden electoral, civil, familiar, penal, justicia para
adolescentes, mercantil en jurisdicción concurrente, extinción de dominio,
administrativo y fiscal, así como en los del orden federal en los casos en que
las leyes de la materia le confiera
jurisdicción.
La
Sala Constitucional-Electoral tendrá competencia para conocer y resolver los
asuntos que le confiere la Constitución Política del Estado y las leyes
aplicables, siendo esta Sala la máxima autoridad y órgano especializado en la materia.
Al
dar el voto afirmativo a este decreto, las diputadas y diputados integrantes de
la Trigésima Primera Legislatura abonan a la trascendental función de impartir
justicia, lo que permitirá un mayor progreso y
bienestar para los nayaritas.
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