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• Combatir el lavado
de dinero es fundamental, pero requiere eficiencia regulatoria,
proporcionalidad jurídica y realismo operativo.
• Modificar la LFPIORPI sin gradualidad ni incentivos,
amenaza la operación de miles de negocios formales.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), reconocemos la importancia de fortalecer el marco normativo en la
prevención del lavado de dinero y coincidimos en la necesidad de asegurar la
transparencia financiera conforme a estándares internacionales. No obstante,
advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en
Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria
de las empresas, especialmente de las MiPyMEs, que representan el 99% del
entramado productivo nacional.
Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que
implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para
quienes realizan actividades vulnerables. Estas modificaciones exigen a las
empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación
oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre
los beneficiarios. Además, obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que
amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
Aunado a ello, prevalece la restricción al efectivo,
situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de
bancarización de muchos clientes.
La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión
significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del
personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución.
Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto representa una
carga económica difícil de absorber.
El desarrollo o adquisición de sistemas capaces de
identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar
avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no
están al alcance de todos. Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de
7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100% de la operación.
La eliminación del
requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades
penales automáticas. Reiteramos que la integridad financiera y la reputación
global de las empresas mexicanas son fundamentales. Sin embargo, para que
cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento técnico, gradualidad y
sensibilidad al entorno empresarial. Muchas unidades económicas registradas
como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI.
La propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría
fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios. Llamamos a los
legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso
de análisis y discusión se tomen en consideración el diálogo, la evidencia y la
responsabilidad. Proponemos un modelo proporcional, escalonado y con incentivos
que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs.
Compartimos el
objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad
empresarial. México exige instituciones sólidas, normas efectivas y una
regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a
quienes generan empleo.
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