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· Las propuestas de modificación a la Ley de Amparo limitan los
efectos generales de las sentencias y reducen la eficacia del mecanismo.
· COPARMEX solicitó participar en las mesas del Senado para
garantizar que las reformas a la Ley de Amparo no afecten a los ciudadanos ni a
quienes generan empleo.
· El proyecto de reforma abre la puerta al Poder Ejecutivo en la
agenda judicial, poniendo en riesgo la independencia de los tribunales.
Ante la
reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de
septiembre de 2025 por parte de la Presidenta de México, en la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que algunas de las
modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del
Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.
En COPARMEX
reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo democrático y, por ello, hemos
solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la
República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.
Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable
que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje
las inquietudes y propuestas del sector productivo. Nuestra participación busca
asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso,
fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que
protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.
Los cambios
proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover
un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.
Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de
protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja
en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.
El juicio
de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha
sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de
autoridad. México fue pionero en este modelo mucho antes que países como
Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y
la generación de empleos. Limitarlo significaría un retroceso histórico.
Las
reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único
recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto
dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de
inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor
inseguridad jurídica.
El interés
legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y
económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución
constitucional. Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que
normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en
representación del colectivo. Debilitar el interés legítimo genera un escenario
de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos
y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que
litigar solo, con más costos y menos certeza para todos.
En el
ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece
plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución
inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la
actuación del fisco. Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de
cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía
nacional.
Además, la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes
que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de
evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética,
productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la
independencia judicial. Asimismo, la digitalización obligatoria puede excluir a
personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para
litigar en igualdad de condiciones.
Las
reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan
a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la
Suprema Corte. Esto abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la
agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la
seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo.
Desde
COPARMEX hacemos un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para
reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil,
organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que
el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los
ciudadanos. Su fortalecimiento es indispensable para la consolidación del
Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones.
Solo con
instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la
justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la competitividad necesarias
para proteger los derechos de la ciudadanía, atraer inversiones, fomentar la
creación de empleos y consolidar un país en paz y crecimiento.
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