* La legislación impulsa una atención más humana para las
familias y una mejor coordinación institucional
Tepic, 16 de julio de 2026.- Para que las familias reciban
una respuesta más humana y oportuna en la búsqueda de personas desaparecidas,
en Sesión Pública del tercer periodo extraordinario, las y los diputados
integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura, aprobaron la nueva Ley en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Nayarit.
El nuevo ordenamiento legal que consta de 154 artículos
permitirá una mayor participación de las familias en los procesos de búsqueda,
investigación e identificación de personas, se tendrá una máxima protección de
los derechos humanos, una búsqueda inmediata, la debida diligencia, la
perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
La nueva Ley presentada por el titular del Poder Ejecutivo,
se armoniza con la Ley General en la materia para que se tenga una mayor
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender
con mayor eficacia los casos de desaparición.
El mismo marco legal permite fortalecer el intercambio de
información para privilegiar la localización de personas desaparecidas y la
protección integral de las víctimas y sus familiares.
En el desarrollo de la doble jornada legislativa, las y los
diputados locales votaron a favor de la reforma a la Ley de Movilidad, ello
para dar mayor certeza jurídica en los trámites de concesiones y permisos del
transporte público; es decir se fortalece el servicio de movilidad en beneficio
de las personas usuarias, concesionarias y autoridades.
Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso permitirán
una mejor rendición de cuentas y garantizar mayor protección de datos
personales, brindando mayor certeza a la ciudadanía en el acceso a la
información pública.
Uno más de los decretos aprobados por las y los legisladores
es sobre autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que por medio del
Instituto Promotor de la Vivienda (IPROVINAY) desincorporar y donar un bien
inmueble a favor del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para el
desarrollo del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en el municipio
de Ahuacatlán.

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