• Fiscalía consiguió acreditar la responsabilidad penal del
imputado, quien mantuvo retenido en el interior de su domicilio a un menor de
edad durante toda una noche
Tepic, Nayarit; lunes 25 de abril de 2022.- Fiscalía General
del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas
Desaparecidas, mediante audiencia de Juicio Oral obtuvo de un Tribunal de
Enjuiciamiento una condena de 40 años de prisión y 1000 Unidades de Medida y
Actualización (UMA), por concepto de multa contra Miguel Ángel “N”, por haberse
acreditado su responsabilidad penal en la comisión de los hechos catalogados
como delito de secuestro, cometido en perjuicio de un menor de edad de
identidad reservada.
Respecto de los hechos, se conoce que ocurrieron el pasado 25
de junio del año 2020, cuando el acusado –quien se desempeñaba como elemento de
la Policía Municipal de Tepic-, invitó al menor al interior de su domicilio y
una vez ahí lo retuvo contra su voluntad, negándoselo a su mamá cuando esta lo
fue a buscar. Miguel Ángel “N” mantuvo cautivo al menor toda la noche, durante
la cual abusó sexualmente de él. Sin embargo, el hoy sentenciado salió de su
domicilio la mañana siguiente, momento que aprovechó el menor para escapar.
Posteriormente la víctima se encontró con su familia y narró los hechos, si
bien ya se había iniciado la investigación por la desaparición del afectado.
Por lo anterior, la Fiscalía aportó los elementos de prueba
suficientes para vencer la presunción de inocencia, logrando que el Tribunal
tuviera convicción de la acusación realizada, determinando que los hechos
planteados configuraban el delito de secuestro en agravio del menor víctima,
esto por la privación de la libertad que sufrió, aunado al abuso de que fue
objeto y que le causó un grave daño psicológico, por lo que se le impuso al
imputado una pena de 40 años de prisión, además que pagará 1000 Unidades de
Medida y Actualización (UMA) por concepto de multa.
Con estos resultados se refrenda el compromiso de Fiscalía de
Nayarit en cuanto a realizar indagatorias sólidas que permitan presentar ante
un Tribunal Judicial a las personas imputadas por conductas antijurídicas, con
la finalidad de preservar el Estado de Derecho en la entidad, pero asumiendo ante
todo la protección de los derechos de las víctimas, máxime si se trata de
niñas, niños, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.
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