La incertidumbre por la reforma judicial frena la inversión y eleva los costos empresariales, de acuerdo con un análisis de Data Coparmex.

 

.7 de cada 10 empresas reporta impactos negativos de la Reforma Judicial y 3 de cada 10 ya redujo o pospuso inversiones.

• El 80.8% de las empresas, es decir, 8 de cada 10, ya modificó o evalúa modificar su estrategia de protección jurídica ante una mayor incertidumbre sobre propiedad, contratos y acceso al amparo.

Dos de cada tres empresas socias de COPARMEX reportan que la Reforma Judicial ya está afectando sus decisiones de inversión. A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX revela que la incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.
Con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX, los resultados de la Encuesta de Data COPARMEX muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.

El dato adquiere mayor relevancia al observar cómo está cambiando la conducta empresarial. El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.

El análisis de Data COPARMEX también muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación. En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.

Esta situación se relaciona con una percepción de menor certeza jurídica. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora. Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.

En COPARMEX hemos sostenido que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derechos. Hoy, frente a la evidencia que nos proporcionan las empresas, consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo.

Por ello, proponemos abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, con indicadores que permitan evaluar tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de las personas juzgadoras, previsibilidad de los criterios y eficacia en la protección de los derechos. Buscamos que el nuevo modelo funcione, que existan contrapesos efectivos y que ninguna persona o empresa tenga que elevar sus costos de protección jurídica para confiar en las instituciones.

La inversión necesita certeza sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos estarán protegidos. Por eso, los resultados de Data COPARMEX deben servir como punto de partida para corregir aquello que genere incertidumbre y para construir las condiciones institucionales que permitan que los recursos destinados a inversión se conviertan en proyectos, empleos y crecimiento.

Cabe mencionar que el nuevo Poder Judicial no parte de cero: recibe problemas estructurales que la reforma prometió atender. Uno de los más evidentes es el rezago. El propio Órgano de Administración Judicial documentó que 210 mil 459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución -es decir, el 62.7%- acumulan más de 90 días sin sentencia.

Este dato permite poner el debate en una justa perspectiva: después de una transformación constitucional de esta magnitud, la discusión ya no puede concentrarse únicamente en quiénes integran los tribunales o cómo fueron electos, sino en si la justicia funciona mejor. Menos rezago, resoluciones oportunas y mayor certeza jurídica deben convertirse en parámetros objetivos para medir los resultados de esta nueva etapa.

El nuevo Poder Judicial solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones.

Desde COPARMEX continuaremos midiendo, documentando y dando seguimiento a la evolución del sistema, porque la certeza jurídica no es un asunto exclusivo de jueces y abogados: es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal.