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● COPARMEX rechaza la reforma Constitucional a la Guardia
Nacional, en defensa de un México en el que la seguridad pública esté a cargo
de instituciones civiles para asegurar transparencia y respeto a los derechos
humanos.
● La adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA crea un
régimen opaco y con falta de rendición de cuentas.
● Es necesario
implementar un modelo de seguridad que priorice el respeto irrestricto a los
derechos humanos y la participación ciudadana colaborando con las fuerzas de
seguridad.
La Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advierte sobre los riesgos que
trae consigo el dictamen de reforma aprobado en la Cámara de Diputados, el cual
adscribe el control formativo, operativo, administrativo, jurisdicción militar
para la secretaría pública, entre otros factores, de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este cambio representa
un riesgo significativo para el orden constitucional de nuestro país y para el
estado de derecho, al vulnerar el principio de control civil sobre las fuerzas
de seguridad. Desde su creación, la Guardia Nacional fue concebida como una
institución de carácter civil que respondiera a la creciente demanda de
seguridad pública.
No obstante, con esta reforma, se abre la puerta a una
militarización de las funciones de seguridad, un enfoque que podría generar
riesgos importantes en materia de posibles violaciones a los derechos humanos y
limitar el acceso a la justicia para los ciudadanos.
La militarización de la seguridad pública contradice
disposiciones constitucionales e incluso convencionales que establecen el
carácter civil de las fuerzas de seguridad.
Esta medida, además de ser un retroceso democrático, puede
tener implicaciones serias sobre la confianza de los inversionistas en el país,
afectando el clima de negocios al generar incertidumbre en cuanto al respeto de
las instituciones y el estado de derecho.
Esta reforma
contradice varios artículos de la Constitución Mexicana, en particular el
artículo 129, que limita la participación militar en tiempos de paz, y el
artículo 13, que restringe la jurisdicción militar a asuntos estrictamente
relacionados con militares en actos de servicio.
Al aprobarse una
medida que desafía estos principios constitucionales, se genera incertidumbre
jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y afectando el entorno
necesario para el crecimiento y desarrollo económico del país.
Así mismo, preocupa la redacción del artículo 21
Constitucional; es fundamental que México mantenga una clara separación entre
las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las instituciones responsables
de la investigación y persecución de los delitos.
La independencia del
Ministerio Público y el respeto por los derechos humanos debe ser un pilar
central de cualquier política de seguridad en el país. Con la reciente
propuesta de reforma constitucional que permitirá a la Guardia Nacional
colaborar en investigaciones con los Ministerios Públicos es una señal
preocupante de la creciente militarización de las funciones civiles en México,
poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y el sistema de justicia. El
Ministerio Público, como institución civil, debe garantizar la imparcialidad en
la investigación de delitos.
Integrar a la Guardia Nacional compromete su independencia y
aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas militares,
enfocadas en la defensa del país, no deben asumir funciones de justicia, que
requieren la profesionalización de las instituciones civiles.
Es crucial que el Ministerio Público mantenga su autonomía
para asegurar la aplicación objetiva de la ley. Históricamente, la intervención
militar en tareas de seguridad pública ha estado asociada a casos de abuso y
violación de derechos, alegando motivos o excepciones que están establecidas en
la constitución bajo el argumento de ser acciones enmarcadas en la seguridad
nacional.
Por ello, reiteramos nuestro llamado al gobierno y a los
integrantes del Senado mexicano para que evalúen correctamente esta decisión y
mantengan la Guardia Nacional bajo control civil.
México necesita
instituciones fuertes y alineadas con los estándares internacionales, no
estructuras que pongan en duda el respeto a los derechos y libertades
fundamentales. COPARMEX hace un llamado al diálogo, al consenso, y a la
responsabilidad de los actores políticos para preservar la integridad de
nuestra democracia.
Es fundamental que
cualquier medida en materia de seguridad se mantenga dentro del marco
constitucional y se centre en el respeto de los derechos humanos, la legalidad
y la transparencia. Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un
México en paz, con instituciones civiles fuertes y un entorno favorable para el
crecimiento económico y el bienestar social. Por ello, nos mantendremos atentos
ante las consecuencias de esta reforma y, en defensa de los derechos
ciudadanos, seguiremos impulsando un diálogo abierto y fundamentado que
garantice el respeto a la legalidad y el fortalecimiento de nuestra democracia.
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