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Esta Ley de nueva creación fue aprobada
por unanimidad de las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
Tepic,
25 de febrero del 2015.- A fin de coadyuvar y fortalecer el combate al crimen
organizado, este miércoles 25 de febrero en año en curso, entró
en vigor la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, Ley de nueva
creación aprobada por la Trigésima Primera Legislatura y presentada por el
Poder Judicial, que viene a regular un mecanismo implementado a nivel
constitucional cuya particularidad permitirá que se ataque de manera directa la
esfera patrimonial de las organizaciones criminales.
Con esta
nueva herramienta, el estado puede extinguir a su favor aquellos bienes que
tengan una relación directa o indirecta con la comisión de delitos como la
delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, contra la salud y robo
de vehículos, conforme a los términos previstos en el artículo 22 de la Constitución
Federal y acorde a la competencia que para el Estado de Nayarit deriva de las
leyes generales en las que se regulan los citados delitos. Bajo esa lógica, la
extinción de dominio se erige como un mecanismo que busca contener desde el
texto constitucional del país, una de las aristas del problema que representa
la criminalidad en México.
Este
ordenamiento legal cuenta con un total de 63 artículos distribuidos en nueve
capítulos, los cuales, en términos generales, establecen la naturaleza del
procedimiento, los requisitos de su procedencia, a quienes se considera como
partes en el mismo, las atribuciones que tendrá el Ministerio Público para
preparar la acción a ejecutar, los bienes que están excluidos, y las
consecuencias de una sentencia estimatoria, además de señalar con claridad cuál
será el destino que tendrán los bienes que en su caso se llegaran a extinguir a
favor del estado.
En
suma, esta nueva Ley para Nayarit que surge como parte de la reforma integral
al sistema de justicia penal de que fue objeto la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio del año 2008, viene a
contribuir en el combate a la delincuencia organizada e impedir el beneficio
económico que dichas asociaciones delictivas obtienen por la comisión reiterada
de las conductas delictivas en perjuicio de la sociedad.
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