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Funcionarios
públicos comparecerán ante el Congreso del Estado si no atienden recomendación
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
Tepic, 24 de
marzo del 2015.- Con el interés de contribuir en el respeto, protección y
defensa real de los derechos humanos en Nayarit, en Sesión Pública Ordinaria
los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura, aprobaron por unanimidad el decreto que tiene por objeto reformar la
Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado
de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El decreto
señala que los servidores públicos que incumplan con una recomendación hecha
por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, deberán comparecer ante la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que
argumenten e informen el motivo por el que se niegan a responder la recomendación
emitida, misma que tiene como fin
sancionar al servidor público que vulneró los derechos de los ciudadanos para
que se repare el daño y se evite la repetición de dichos actos violatorios.
En lo que
corresponde a la reforma del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
se señala que el Poder Legislativo como órgano de control político, será el
encargado de llevar a cabo las comparecencias de aquellos servidores públicos
que hayan sido omisos en atender sus recomendaciones, ello cuando así lo
solicite la comisión local de derechos humanos; procedimiento que será
desahogado a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la
Trigésima Primera Legislatura.
Con la
aprobación de estas reformas, también se garantiza el derecho de audiencia a
los servidores públicos ante las recomendaciones emitidas por la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, otorgando certeza y
certidumbre al compareciente y su derecho de audiencia.
De esta manera,
las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura
fortalecen la actuación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, y
contribuyen a modificar los comportamientos de los servidores públicos
en el respeto a los derechos de los ciudadanos y en la atención de las
recomendaciones que emita la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el
Estado.
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