Nuevo esquema de fiscalización digital, presión del sector público

 

“A pesar de las distintas situaciones adversas que presenta el uso de la factura electrónica, es el sector público quien ha gestionado la aplicación de este documento digital”, informó a medios de comunicación locales Juan Fernando Muñoz Mejía, Presidente del Colegio de Contadores del Estado de Nayarit.

“No todos los contribuyentes tienen internet, tener diferentes contraseñas para accesar a los servicios electrónicos genera confusión. Además de que proporcionar información a detalle de ciertas operaciones, le provoca al contribuyente mayor carga administrativa”, agregó el líder colegiado.

A considerar también que el envío de la contabilidad electrónica no ofrece certeza jurídica sobre su alteración y divulgación posterior. Implica una fiscalización constante que se ha proliferado el envío de corres apócrifos de supuestas notificaciones y en fechas límite de cumplimiento de obligaciones el portal falla.

Por su parte el sector privado señala como beneficios de la implementación de la factura electrónica el disminuir costo de papel y optimizar la gestión del efectivo. Resguardo de las facturas, impulsar los procesos de innovación y automatización y aliviar la presión externa de otras empresas.

“Lo digital ya no es una opción”, señala Mejía Muñoz, “mi recomendación es revisar la situación de las empresas y los movimientos financieros personales, ya que en algunas operaciones existen terceros con los que interactuamos y son sujetos obligados a reportar las operaciones, por ejemplo si adquirimos un inmueble o un auto”.

En su oportunidad Gastón Pérez Casillas, comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción informo que concluyó el proceso de la recepción de postulantes, “se registraron 27 y el 15 de agosto haremos la selección de los cinco ciudadanos de probada probidad que conozcan del tema para que integren este sistema”.

El artículo 113 constitucional establece el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Para concluir, Sergio Cázares Santiago, Delegado de Prodecon; también invitado al desayuno técnico del mes de agosto, hablo sobre la ley anti lavado.