La extinción de dominio, una ley en contra de los derechos constitucionales básicos; Contadores.

“La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de una persona sobre sus bienes, de origen o procedencia del delito o hechos ilícitos; sin compensación alguna y en favor del Estado que puede decomisarlos y apropiarse de ellos”, explica José Parra Terríquez, Presidente del IMCP Nayarit.

De acuerdo a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el pasado primero de julio, son once los hechos susceptibles de la extinción de dominio, delincuencia organizada; secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y delitos contra la salud.

También incluye delitos de trata de personas, por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Esta ley sustituye a la anterior y establece un mecanismo de recuperación de activos para el Estado mexicano.

“De esta manera las autoridades tendrán a disposición el uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; y los criterios para su destino cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, su destrucción”, agrega Parra Terríquez.

“No estamos en contra de la implementación de esta ley, sin embargo, si puntualizamos que violenta los derechos humanos, porque no reconoce el principio constitucional de presunción de inocencia, quien sea demandado, sólo por el hecho de serlo, perderá sus bienes provisionalmente”.

“Si se considera que estos bienes son producto de hechos ilícitos, aunque todavía su sentencia no esté en firme donde se le declare culpable o inocente de lo que se le acuse penalmente, se iniciaría, a la par, un juicio civil de manera simultánea donde perderá sus bienes”, concluye el líder local de los contadores públicos.

Cabe mencionar que, al año de la entrada en vigor de esta Ley, el Fiscal General de la República realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio e identificar, discutir y formular las reformas constitucionales para su óptimo funcionamiento.