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México enfrenta un desafío urgente para
impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, reduzcan costos
laborales no salariales para las empresas y fortalezcan la formalización del
empleo.
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La colaboración entre el Gobierno y el sector
privado será clave para revertir la tendencia negativa y construir un mercado
laboral dinámico y competitivo.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
vemos con profunda preocupación la pérdida de 405 mil 259 empleos formales
registrada en diciembre pasado, la más alta para este mes en los últimos diez
años. Aunque reconocemos que esta disminución tiene un componente estacional
debido a la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica
típica de fin de año, la magnitud de esta cifra refleja un entorno económico
que ha debilitado la generación de puestos de trabajo en todo 2024.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que durante
2024 se crearon apenas 213 mil 993 nuevos empleos formales, lo que representa
un crecimiento anual de apenas 1.0%. Este es el dato más bajo desde 2020,
cuando la pandemia de COVID-19 provocó una contracción del mercado laboral.
Además, esta cifra se encuentra muy lejos del promedio de los últimos diez
años, que supera los 519 mil empleos anuales, y aún más distante de los 1.2
millones de puestos que se requieren para absorber la demanda laboral de los
jóvenes que cada año se incorporan al mercado.
Adicionalmente, la informalidad laboral, una de las problemáticas
más persistentes en el mercado de trabajo, alcanzó en noviembre de 2024 una
tasa nacional del 54.5%, lo que representa un incremento de 0.5 puntos
porcentuales respecto al mes anterior. Esta elevada proporción refleja la falta
de incentivos y condiciones adecuadas para que los trabajadores y las empresas
migren hacia esquemas formales, limitando así su productividad y su acceso a la
seguridad social y otros derechos esenciales.
La caída en el empleo no es un fenómeno aislado sino el reflejo de
una desaceleración económica que afecta especialmente a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPymes), las cuales enfrentan mayores costos laborales y
operativos, junto con una falta de apoyos e incentivos gubernamentales. Estas
condiciones limitan su capacidad para sostener o ampliar su plantilla laboral,
lo que impacta directamente en la creación de empleos formales.
Aunado a esto, la incertidumbre jurídica, la creciente inseguridad
y las señales contradictorias en materia de política económica, como la
eliminación de organismos autónomos, generan un entorno poco favorable para la
inversión y el crecimiento económico. Estas barreras estructurales dificultan
la generación del empleo y minan la confianza del sector privado, elemento
indispensable para dinamizar la economía nacional.
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