· La distribución de Gas L.P. enfrenta retos operativos y
económicos que deben ser atendidos con soluciones sustentables.
· Las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros al
mes para garantizar el abasto seguro y eficiente en todo el país.
El Gas L.P. es un insumo esencial para millones de familias y
empresas en México. Su disponibilidad y distribución eficiente no solo inciden
en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impactan la
competitividad de sectores productivos clave. En la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos que garantizar su acceso en
condiciones justas y equitativas requiere un entorno que promueva la inversión,
la certidumbre jurídica y la libre competencia.
El sector de distribución enfrenta desafíos significativos.
Cada mes, las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar
la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en
combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de
seguridad. Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las
políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando
distorsiones que comprometan su operación.
La experiencia internacional confirma que el libre mercado es
el mejor mecanismo para garantizar precios justos y condiciones equitativas
para consumidores y empresas. La "Tarifa de Distribución" representa
hasta el 50% del precio final del Gas L.P., por lo que cualquier ajuste debe
basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del
servicio. El control artificial de precios genera efectos adversos, como
desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales
que vulneran la seguridad de los consumidores.
La imposición de precios por parte del Gobierno desde hace
seis meses, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en
riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector:
· Reducción en la cobertura de la distribución, afectando a
comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
· Expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos
dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que
incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
· Pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de
familias que dependen de esta actividad.
· Riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la
falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar
y mantener su infraestructura de distribución.
· Retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que
podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como
alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
Las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y
sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la
continuidad del servicio. Es prioritario establecer condiciones que permitan a
las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad
y calidad en beneficio de los consumidores.
Desde COPARMEX reiteramos nuestra disposición para el diálogo
constructivo con las autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones que
impulsen un mercado de energéticos moderno, equitativo y competitivo. Apostamos
por un modelo que incentive la inversión, proteja el empleo y garantice el
suministro confiable del Gas L.P. en todo el país.
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