● La crisis de desapariciones en México requiere atención
efectiva del Estado.
● Es urgente fortalecer y garantizar la autonomía de las
Comisiones Gubernamentales de búsqueda y atención a víctimas. Sus cifras deben ser la base para diseñar la
política pública y la legislación en esta materia.
Los recientes hallazgos de desaparecidos en diversas regiones
del país son una evidencia dolorosa de la falta de resultados en el combate a
estos crímenes.
En la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que las familias de
las víctimas continúan enfrentando la indiferencia y la ineficacia
institucional, mientras la impunidad permite que estos ilícitos sigan
ocurriendo.
No podemos permitir que la desaparición forzada se convierta
en una tragedia normalizada. Nos solidarizamos con los colectivos de búsqueda y
con cada madre, padre y familiar que lucha por conocer la verdad y obtener
justicia. Su esfuerzo y valentía han suplido, en muchas ocasiones, la omisión
de las autoridades.
Es inaceptable que sea la ciudadanía quien descubra
evidencias que deberían haber sido identificadas por las instancias de
investigación.
Es imperativo que los
tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad. Requerimos estrategias
coordinadas, investigaciones exhaustivas y acciones concretas para erradicar la
desaparición forzada en México. No bastan los discursos ni las promesas: se
necesitan resultados tangibles. La creación de mecanismos de búsqueda más
eficaces, el fortalecimiento de las fiscalías y la autonomía real de las
comisiones encargadas del tema son medidas urgentes e inaplazables.
Desde COPARMEX hemos insistido en la urgencia de garantizar
seguridad, justicia y paz en el país. La violencia y la impunidad no solo
atentan contra la dignidad de las personas; también afectan la estabilidad
social y el desarrollo económico. Un país donde miles de familias viven con la
incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos no puede aspirar a un
futuro de prosperidad y bienestar.
Demandamos a los poderes de la Unión y a las autoridades que
asuman su responsabilidad: que destinen mayores recursos a las dependencias
encargadas 1 de la seguridad y procuración de justicia, que se fortalezcan las
políticas públicas que atienden la desaparición forzada y que se legisle en
todo México para que la seguridad y la paz sean una realidad en nuestro país.
No es aceptable que la falta de presupuesto siga siendo una excusa para la
inacción. Invertir en la resolución de este problema no es una opción, es una
obligación. La sociedad demanda resultados, y estaremos atentos a la eficacia
de las medidas anunciadas para garantizar que no queden en simples
declaraciones.
Estamos dispuestos a trabajar de la mano con los gobiernos,
las organizaciones de la sociedad civil y todos los sectores comprometidos con
la construcción de un México donde la seguridad, la justicia y la paz sean una
realidad. No claudicaremos en la exigencia de soluciones. La memoria de las
víctimas y el derecho de sus familias a la verdad, obligan a actuar con firmeza
y determinación.
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