Líneas
Por:
José Ma. Narváez Ramírez.
Con permiso de los directores
del periódico, publicaremos el presente artículo, reservándonos el nombre del
autor y poniéndolo a consideración de los respetables lectores).
El
principio de legalidad es una de las consagraciones políticas del estado de
Derecho, que obliga a la autoridad a hacer lo que la ley permite.
La
pasada –recientemente- trigésima legislatura del Congreso del Estado de
Nayarit, evidentemente no acató sus propios tiempos, que acordó imponer en
decreto transitorio, artículo segundo, publicado en el Periódico Oficial de
fecha 21 de enero del 2013; dejando de manifiesto que el acuerdo de las
adecuaciones legales relacionadas con la Fiscalía , sería de un año –a partir de la entrada
en vigor- y en obvia apreciación.
Dicha
Fiscalía quedó en incertidumbre de legitimación al quedar excepcionada en la Constitución local,
por tanto, es dable consentir la norma legal en tanto coexista una iniciativa
procedimental de reforma o transformación de figura jurídica de alguna
dependencia o institución, por lo que seguirá prevaleciendo en todos sus
aspectos (leyes, reglamentos, etc.), la destinada a su trasformación o
desaparición -como es el caso de la Procuraduría General
de Justicia de Nayarit- cual continúa siendo contemplada en la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Nayarit, reimpresa en febrero del año en curso, es decir fecha posterior al
21 de enero del 2014, que no cumplimentaron los integrantes de la Trigésima Legislatura ,
a cuales se les debe fincar responsabilidad por transgresión al estado de
derecho constitucional y poner en estado de indefensión a la sociedad, pues en
ese estadio de ilegalidad se exhibe que en el Estado de Nayarit impera un
“toloache” de representatividad ministerial sin blindaje de legitimación, o sea
en lenguaje coloquial, el gobernador del Estado fue “chamaqueado” por los
integrantes de la
Trigésima Legislatura , al despreciarle irresponsablemente su
iniciativa para establecer un nuevo sistema de administración de justicia.
Señores
diputados: ya basta de pisar terrenos minados, ya basta de tropezar nuevamente
con la misma piedra de transgresión constitucional, ya es tiempo de cumplir con
responsabilidad legislativa para que la ciudadanía se sacuda el hartazgo y
tenga credibilidad en las instituciones y en sus representantes.
Aquí
está la primera prueba de fuego a enfrentar y resolver de inmediato el
galimatías de “toloache” en torno a la legítima representatividad ministerial.
Control…
Señores… Control… ¿Cómo resolverán lo expresado en transitorio artículo segundo
que constitucionalmente prescribió su cumplimentación el 21 de enero de 2014?
Subsanar y parchar en DESTIEMPO es DESVALIMIENTO, violentan el estado de
derecho como lo hicieron emitiendo la Ley
Orgánica de la
Fiscalía , con fecha 15 de mayo de 2014: CON TODO RESPETO,
FINQUEN RESPONABILIDADES, SEÑORES DIPUTADOS.
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