lunes, 23 de octubre de 2017

Reasignará IPROVINAY viviendas entregadas de manera irregular.


    * Al menos 25 condominios del fraccionamiento Responsabilidad Social Comunitaria se asignaron a personas que no cumplen con los parámetros.
     
     
    Tepic, Nayarit; octubre 23 de 2017.- El Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (Iprovinay) resignará al menos 25 condominios de la segunda etapa del fraccionamiento Responsabilidad Social Comunitaria, ubicado en la reserva territorial de La Cantera y edificado con recursos federales por la pasada administración estatal, en virtud de que se detectaron y se han documentado una serie de irregularidades en la asignación original de estas viviendas.
     
     
     
    El Gobierno de Nayarit iniciará un procedimiento transparente y totalmente apegado a las reglas de operación establecidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para que el beneficio de una vivienda llegue a las personas que realmente lo necesitan, aseguró el director general del Iprovinay, Francisco Estrada Machado.
     
     
    Explicó que un número importante de las acciones de vivienda otorgadas por la administración anterior fueron canalizadas de manera discrecional a amigos, parientes, trabajadores del gobierno, líderes sociales o reconocidos integrantes de las estructuras políticas del entonces partido gobernante sin que se cumplieran los requisitos establecidos por las reglas de operación de los programas federales que sustentan financieramente estas acciones.
     
     
    La auditoría que se realiza en el Iprovinay permitió detectar irregularidades en la asignación de al menos 25 de las 128 viviendas de este fraccionamiento. Se trata, dijo, de personas que cuentan con alguna otra propiedad o que están muy por encima de la "línea de bienestar" que emplea el Coneval para medir la pobreza y que es uno de los parámetros para acceder a este tipo de beneficios.
     
     
    Se alteraron o simplemente no se realizaron los estudios socio-económicos que obliga la norma, incluso en algunos casos se pidió dinero a los beneficiarios para integrarlos al programa.
     
     
    Todas estas anomalías están debidamente comprobadas y se iniciarán los procedimientos administrativos contra quienes resulten responsables, agregó el funcionario.

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