SIN DIÁLOGO Y SIN TRANSPARENCIA, EL CONGRESO DE LA UNIÓN AVANZA HACIA LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

 

14 de julio de 2025

 Introducción Durante las últimas semanas, atestiguamos un proceso legislativo extraordinario en el Congreso de la Unión que encendió señales de alerta en múltiples sectores de la sociedad mexicana.

En ese breve periodo, se aprobaron 16 reformas que, lejos de fortalecer nuestro marco institucional, alteran los equilibrios democráticos, debilitan los derechos fundamentales y llegan a vulnerar garantías ciudadanas. Desde COPARMEX, manifestamos una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación entre el Estado y la ciudadanía.

 La desaparición de la gran mayoría de órganos autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico, nos obligan a alzar la voz. El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la sociedad civil.

Las consecuencias de este proceder son serias y duraderas. Por ello, presentamos un análisis de las principales reformas aprobadas, sus riesgos y, sobre todo, nuestra posición como organismo comprometido con la defensa del Estado de Derechos.

La concentración de poder siempre ha representado una amenaza para la libertad. En México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el diálogo por la imposición. Este no es el camino para fortalecer el Estado de Derechos: una democracia sólida se construye escuchando y respetando la diversidad de voces.

 Concentración del poder en materia de seguridad Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”, lo que abre la puerta a la ideologización de la seguridad pública. Además, la reforma debilita los contrapesos locales, pues se elimina la autonomía operativa de las instancias estatales y municipales.

 Pese a que se promueve la participación de los ayuntamientos, no existen mecanismos vinculantes que garanticen su efectividad. Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

Riesgos de vigilancia masiva e intrusión en la privacidad La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de inteligencia bajo la coordinación de la SSPC.

Se crea una Subsecretaría específica y se permite el cruce masivo de información sensible de las personas entre bases de datos nacionales e internacionales, sin controles judiciales robustos ni autorización por parte de la ciudadanía para compartirlos.

 Con esta iniciativa no existen salvaguardas claras para proteger los datos personales de los ciudadanos. La ausencia de límites explícitos habilita la posibilidad de una vigilancia generalizada, sin control judicial efectivo ni transparencia.

En este escenario, se corre el riesgo de utilizar herramientas tecnológicas para fines ajenos a la seguridad pública, como es el espionaje. Un sistema de inteligencia que opera sin contrapesos externos y sin un modelo claro de rendición de cuentas, representa una amenaza directa a los derechos individuales consagrados en la Constitución.

 Uso político de la identidad ciudadana Otro cambio relevante es la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, la cual introduce la Plataforma Única de Identidad, conectada con la CURP, registros forenses y otros sistemas.

 Esta plataforma impone la obligación a ciudadanos y autoridades de compartir datos biométricos, estableciendo la CURP con biometría como documento nacional de identidad universal.

El mecanismo centraliza información sensible sin contar con garantías sólidas de protección de datos, lo que aumenta el riesgo de filtraciones, abusos y posibles inhibiciones a la participación democrática si se condicionan derechos políticos al uso de esta CURP. Además, al reconocerla como documento primario, podría desplazarse gradualmente a la credencial del INE, debilitando su rol como autoridad electoral y afectando la confianza en los procesos democráticos.

Ataque a la autonomía regulatoria en telecomunicaciones La propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal. Esta reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad jurídica del sector, que aporta 3.3% al PIB nacional. Además, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC. La reforma también obliga a que todas las compañías de telefonía identifiquen a sus usuarios —incluso de prepago— mediante la CURP.

 Quienes no cumplan podrían perder el servicio, afectando a millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, y profundizando la brecha digital. Postura de COPARMEX Desde COPARMEX sostenemos que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el ciudadano tenga voz ante el poder. Por eso, seguiremos firmes, vigilantes y actuando en defensa del México democrático que juntos hemos construido.

Por ello rechazamos la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni apertura al diálogo ciudadano. Las decisiones que alteran la arquitectura institucional del país deben surgir de procesos abiertos, transparentes y técnicamente sustentados.

 Lamentamos que en este periodo extraordinario se haya ignorado esa responsabilidad democrática. La democracia necesita equilibrios, no sumisiones. Instituciones como el INAI y el IFT garantizaban transparencia, competencia, privacidad y acceso a la información.

Su eliminación representa una pérdida para toda la sociedad. En un entorno global donde la confianza y la certeza jurídica son clave para la inversión, la centralización del poder y la subordinación institucional comprometen el desarrollo económico. Sin instituciones fuertes, no hay crecimiento ni justicia social.

México atraviesa enormes retos en materia de seguridad, economía y política exterior; por ello, se impone la necesidad de escuchar a la ciudadanía y no desmantelar los avances institucionales que nos han costado décadas construir. Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que nos unen: la libertad, la democracia y el respeto a la ley. Levantaremos la voz, acudiremos a las vías legales y seguiremos construyendo alianzas con los ciudadanos para proteger lo que hemos logrado con décadas de esfuerzo colectivo. No vamos a permitir que el autoritarismo sustituya al diálogo, ni que el poder sin contrapesos suplante a la democracia. México nos necesita firmes, unidos y vigilantes.