En la Trigésima Legislatura MODERNIZARAN EL MARCO JURIDICO LOCAL EN MATERIA DE CONMUTACION DE SANCIONES

Tepic, 28 de julio del 2013.-  A fin de armonizar el contenido y las disposiciones de la ley en la materia, respetando la autonomía y la facultad del Poder Judicial de Nayarit, en reunión de la Diputación Permanente, que presiden el diputado Armando García Jiménez; el legislador Fernando Ornelas Salas, presentó la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la  Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, en materia de conmutación de sanciones.

Con esta reforma, se recoge gran parte del acuerdo pero armonizándolo con el contenido de la ley y reconociendo la potestad originaria y natural del juez de ejecución, quien cumple la función de vigilar desde la esfera  jurisdiccional las decisiones y acciones de la autoridad administrativa penitenciaria que afecten la esfera jurídica del sentenciado durante el cumplimiento de su condena, y sujetar dichas determinaciones a un efectivo control jurídico.

En suma el objeto de la reforma y adición  a diversos artículos de la  Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, en materia de conmutación de sanciones;  es contribuir a la despresurización, en la resolución de asuntos, donde el sentenciado solicita el beneficio de la conmutación.

Es importante mencionar que la judicialización de la pena, es un concepto  por el que abogan las nuevas tendencias  internacionales, como una consecuencia necesaria de la vigencia del principio de legalidad en la etapa de la ejecución penal; implica  que todas las decisiones de la etapa de ejecución deben ser tomadas por un juez; órgano jurisdiccional  independiente de la administración, en un proceso en el que se respeten las garantías del procedimiento penal.

El  principio de judicialización de la pena, fue incorporado a través de la reforma a la Constitución Política del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 18 de julio del 2008, considerada la más trascendente en materia penal de las últimas décadas; misma que introdujo un nuevo modelo de justicia y contribuyó a crear nuevos paradigmas  tendientes a la protección de los derechos del inocente, abatir la impunidad y garantizar la reparación integral de los daños causados por la comisión del delito y al pleno respeto de los principios y garantías jurisdiccionales del proceso.